
La exmilitar y comentarista deportiva Patricia Campos ha sido detenida junto a su esposa por un presunto delito continuado de malos tratos a sus dos hijos adoptados. Mientras los menores permanecen bajo tutela de la administración autonómica y el juzgado les ha impuesto una orden de alejamiento, Campos niega rotundamente las acusaciones y sostiene que demostrará su inocencia durante la investigación judicial.
Los menores, de 12 y 15 años, adoptados en Uganda en 2019, han declarado presuntos episodios de violencia física, entre ellos golpes con el cinturón, así como humillaciones, restricciones de comida y amenazas. Según sus testimonios, también habrían sido advertidos de que podrían ser devueltos a África.
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Campos y su pareja fueron detenidas este jueves por la Guardia Civil y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Massamagrell (Valencia), como presuntas autoras de un delito continuado de malos tratos en el ámbito familiar contra sus dos hijos adoptados, según ha adelantado Las Provincias y ha podido confirmar EFE.
Tras su comparecencia, el juzgado acordó prohibir a ambas investigadas acercarse o comunicarse con los menores a menos de 500 metros. Los adolescentes permanecen ingresados en un centro bajo la tutela de la Generalitat Valenciana.
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Campos se declara inocente de “las graves acusaciones”
Tras conocerse su detención, Patricia Campos ha difundido un comunicado en el que rechaza de forma tajante las acusaciones y se declara inocente de “las graves acusaciones de presuntos malos tratos” formuladas contra ella y su pareja.
“Como ya sostuve en mi declaración judicial”, señala la exmilitar, “niego rotundamente haber ejercido cualquier tipo de maltrato físico o psicológico hacia mis hijos, y al respecto, me gustaría aclarar algunos hechos”.
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Campos, reconocida por ser la primera mujer de la Armada española en pilotar un reactor, además de su labor como entrenadora, activista y colaboradora habitual en medios deportivos, sostiene que las acusaciones son “absoluta y radicalmente falsas” y “totalmente contrarias a la realidad del entorno familiar”, que, según afirma, han ofrecido desde la llegada de los menores en 2021.
“Nuestros dos hijos adoptivos de 12 y 15 años han presentado una denuncia en la que nos acusan de malos tratos”, continúa el comunicado, “unos hechos que son absoluta y radicalmente falsos”. Añade que, a su juicio, durante la convivencia “se han producido numerosos episodios ante los que nosotras, las dos acusadas, hemos sido en realidad las víctimas”, algunos de los cuales, asegura, “constan desde hace tiempo en la Justicia”.
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En ese sentido, defiende que todos esos hechos “demostrarán la inocencia que hoy proclamamos de forma categórica” y reivindica el proyecto familiar que han desarrollado desde la adopción. “Nuestro compromiso con la adopción, la estabilidad emocional y la responsabilidad nunca han sido alterados”, afirma, subrayando que han intentado afrontar las dificultades “desde la conciliación y la búsqueda permanente de soluciones constructivas con expertos terapeutas que no resultaran traumáticas para nuestros hijos”.

Campos añade que cree “firmemente” en la adopción responsable, la atención emocional y la protección de los menores, y se muestra “completamente en contra del empleo de comportamientos agresivos en la relación con los hijos”. “Nuestro modelo de familia es absolutamente contrario a este tipo de prácticas que jamás hemos usado en el contexto familiar con nuestros hijos”, insiste.
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La exmilitar apela además a la “prudencia” en la valoración pública del caso, tanto por la condición de menores de los adolescentes como por el principio de presunción de inocencia. “Sentimos una profunda decepción y tristeza por lo acontecido”, afirma, lamentando que su trayectoria en el ámbito del activismo y los proyectos solidarios “se vea empañada por un relato que no se ajusta a la realidad de nuestro hogar”.
Además, Campos asegura mantener “un compromiso firme y una creencia inquebrantable en la Justicia”, se declara “a entera disposición de las autoridades” y confía en que la investigación permita esclarecer los hechos. También reclama respeto por su intimidad y por el proceso judicial mientras la causa sigue su curso.
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