El Gobierno de Sánchez obliga a Acciona a terminar el puente de Sevilla y colocar unos tirantes para que “no colapse” ya que sin ellos su “vulnerabilidad es crítica”

Sigue ‘la guerra’ entre Acciona y el ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La constructora ha paralizado el Puente del Centenario de Sevilla, la obra más importante que se está realizando actualmente en Andalucía, porque Transportes no ha autorizado un segundo modificado del proyecto que incrementaría su precio. Y el ministerio acaba de dictar una resolución, a la que ha tenido acceso Infobae, que ordena a Acciona a ejecutar determinados trabajos que son “imprescindibles” para garantizar la seguridad estructural de la infraestructura y evitar así un “trastorno al servicio público”. Y es que el puente “es fundamental para la movilidad de Sevilla”, destacan desde Transportes, ya que por él circulan más de 105.000 vehículos al día.

La resolución, dictada en mayo por la Dirección General de Carreteras, confirma que se ha empezado a resolver el contrato con Acciona, pero antes de que ambas partes (Administración y empresa) separen sus caminos, la importante multinacional dirigida por la familia Entrecanales debe terminar algunos trabajos “indispensables” que afectan, sobre todo, a los tirantes del puente. Los tirantes son los elementos estructurales que sostienen el tablero (la parte por donde circulan los vehículos). Según Transportes, “los tirantes originales presentan deficiencias graves y la pérdida de uno solo implicaría cierre total del puente por al menos cuatro meses”. El proyecto incluye tirantes por duplicado. De producirse la rotura de alguno de estos pilotes duplicados, “se comprometería la seguridad estructural, con riesgo real de colapso”. Urge, por tanto, “culminar el montaje de la estructura metálica y los nuevos tirantes para lograr la redundancia estructural necesaria y salir de la situación de vulnerabilidad crítica”.

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Transportes adjudicó este contrato en mayo de 2021. Los trabajos tenían que realizarlos la UTE formada por Acciona (que tenía el 75%), Tecade (20%) y Freyssinet (5%), que ofertó hacerlos por 86,3 millones de euros, a pesar de que la cantidad que estaba dispuesto a pagar el ministerio era de 106,5 millones de euros. En julio de 2023 se aprobó un primer modificado del presupuesto, un coste adicional de 16,4 millones de euros, un incremento del 19%. En junio de 2024 se autorizó un segundo modificado por 16,8 millones de euros.

Pero aunque Transportes incrementó el coste de las obras, la UTE liderada por Acciona no estuvo de acuerdo y en marzo de 2026 comunicó su disconformidad con la segunda modificación y solicitó la resolución del contrato. Empezaron entonces los problemas entre la Administración y Acciona. De hecho, la empresa ha contratado a la consultora Inca Patrimoniales (especializada en la gestión de contratos y las reclamaciones en infraestructuras) para que le ayude a posicionarse favorablemente ante futuras reclamaciones. Transportes ya sabe que tendrá que licitar un nuevo contrato para terminar completamente el trabajo, pero antes de eso cree que la UTE debe concluir algunas de las obras, teniendo en cuenta que la ejecución de lo ya realizado ya ha alcanzado certificaciones por 47.655.665 euros y una segunda revisión excepcional de precios de 8.130.442 euros.

Culminar el montaje

“La medida técnicamente más adecuada para garantizar la seguridad estructural del puente, evitar un grave trastorno al servicio público y prevenir el riesgo de ruina de lo construido consiste en completar el esquema estructural redundante previsto mediante la culminación del montaje de la estructura metálica de ampliación del tablero y la instalación de los nuevos tirantes exteriores”. Transportes enumera en su resolución las actuaciones que hay que realizar: el izado y montaje de todas las dovelas metálicas aún pendientes, la instalación y primer tesado de los nuevos tirantes y la colocación de sistemas antitracción para prevenir situaciones peligrosas. El Puente del Centenario lo forman dos viaductos de acceso y un puente de 564 metros con 88 tirantes.

Además, la UTE deberá asegurar el bloqueo y desbloqueo de juntas provisionales según evolucione la obra, ejecutar transiciones críticas entre pilas estructurales, sustituir apoyos guiados por esféricos libres en determinados puntos y abordar trabajos específicos de máxima exigencia, como el montaje y aseguramiento de la llamada dovela 3, considerada el segmento más conflictivo del proceso. El pliego de exigencias requiere, además, la protección contra el fuego de los tirantes con mantas ignífugas, la retirada de sistemas antilevantamiento temporales y la ejecución de la “dovela de cierre”, imprescindible para consolidar la continuidad estructural de la ampliación del tablero.

Mientras tanto, la Dirección General de Carreteras deberá redactar un documento técnico detallando las actuaciones de emergencia y el régimen de retribución para el contratista, que, en ausencia de acuerdo, se fijará tomando como referencia los precios originales del contrato. Si la UTE no ejecuta las medidas obligatorias, la administración podrá recurrir a sus propios medios o encargar la intervención a un tercero, garantizando “la seguridad del puente, la prevención del grave trastorno al servicio público y la evitación de la ruina de lo construido”. La Guardia Civil está investigando ahora si Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, se llevó comisiones por la adjudicación de esta obra.