Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cerdán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

La confusión judicial que se vive en España es tal (hay tantos sumarios abiertos) que cuando seis agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron esta mañana en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, algunos medios publicaron que se trataba de un registro en una operación sobre la financiación ilegal de los socialistas. No fue un registro como tal, sino un requerimiento de información y documentación (que también incluía el registro si los investigados no colaboraban) que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado al PSOE porque ha abierto una pieza separada y secreta en el caso en el que ya están imputadas tres personas: Leire Díaz, la conocida como ‘fontanera del PSOE’; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Como dicen los forenses, vamos por partes. Esta causa empezó para investigar una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre la propia Leire Díez; Vicente Fernández y Antxon Alonso: Los tres, que usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirubok’, formaron presuntamente una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales, y, para ello, contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, la investigación se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones. Todos ellos fueron acusados de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Pero durante el transcurso de estas pesquisas, la UCO ha encontrado indicios de que el PSOE pudo girar facturas falsas para financiar a lo que se conoce como cloacas socialistas, una red presuntamente liderada por Leire Díez para “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido al Gobierno”. La Audiencia Nacional quiere profundizar ahora en esta trama, a la que se atribuyen ocho delitos y que fue impulsada desde el partido para acabar con aquellos que el PSOE considera sus enemigos, entre ellos fiscales, jueces y la propia UCO. Los delitos son organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En esta nueva operación han sido imputados Ana Fuentes, gerente del partido, el empresario Javier Pérez Dolset (amigo de Leire Díez), el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver (que fue el primer letrado que defendió a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos). Se investigan pagos por miles de euros impulsados desde la Secretaría de Organización y la Gerencia del partido al entramado de Díez disimulados posteriormente con facturas falsas. El juez también apunta a la cooperación en la trama de Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén (de donde es Zarrías) y alto fontanero de Ferraz, mano derecha de Cerdán en Ferraz hasta su detención; y de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, amigo personal y expresidente de Correos, donde trabajó Leire como directiva.

El juez Pedraz considera que aparecen indicios que revelan la colaboración de los dos Serrano con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. La UCO ha registrado los domicilios de Cerdán, Zarrías y Dolset. Tanto Cerdán como Zarrías están estrechamente vinculados con la ‘fontanera’. Díez trabajaba para el partido en la sombra, en colaboración con Cerdán, mientras que Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves, la tuvo a sueldo en su sociedad Zaño Consultora SL.

También un capitán de la UCO

En la causa también se investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova (que apareció en el famoso audio con Leire y Dolset buscando pruebas contra el oficial de la UCO Antonio Balas) y el guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. Como ya publicó Infobae, Sánchez Yepes, ex capitán de la UCO que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales entre enero de 2008 y julio de 2022, ha denunciado en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que varios compañeros de la Benemérita fabricaron pruebas y cobraron mordidas de empresarios del sector de los hidrocarburos. La Audiencia instruye o juzga en estos momentos varias causas en las que operadores de productos petrolíferos (y sus directivos) están imputados por defraudar millones y millones de euros en el impuesto del IVA.

Precisamente, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas (uno de los objetivos de las cloacas socialistas) ha encabezado el grupo de agentes que se han personado este miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil. Porque la UCO también se ha presentado en el despacho de sus superiores para recabar todos los expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas contra miembros de la Benemérita que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al PSOE.