
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó el secreto de sumario del caso Plus Ultra el martes 19 de mayo y citó como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el 2 de junio. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como “núcleo decisor y estratégico” de una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a obtener decisiones favorables de la Administración para la aerolínea, beneficiaria en 2021 de un rescate público de 53 millones de euros.
Calama imputa a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión al blanqueo de capitales. Según el auto, él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros: 1,52 millones para el expresidente y 423.779 euros para sus hijas Laura y Alba, a través de la empresa de comunicación Whathefav S.L., descrita como “canalizador financiero de la red”. Agentes de la UDEF registraron ese mismo día su oficina en la calle Ferraz de Madrid.
La causa no se detiene ahí. El juez Calama mantiene bajo secreto una pieza separada por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que amplía el foco más allá del rescate de la aerolínea. La UDEF investiga si empresas del entramado pagaron para acceder a funcionarios públicos, con ramificaciones internacionales que incluyen el rastreo de cuentas en el extranjero. Esta nueva línea, aún incipiente, podría deparar novedades en las próximas horas.
En pocas líneas:
- Zapatero desmiente “tajantemente” haber intervenido en el rescate de Plus Ultra
- Qué dicen los estatutos del PSOE sobre la expulsión de Zapatero: Ábalos y Cerdán ya tenían expediente cuando fue imputado
- Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada
- Los hermanos Amaro Chacón y Francisco Flores: quiénes son los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero en el caso Plus Ultra
- El entorno de Zapatero intervino ante el general chavista que controlaba el espacio aéreo venezolano para garantizar los vuelos de Plus Ultra
- El PNV puntualiza: no apoyar a Sánchez no es apoyar a Feijóo
- Sumar mantiene la coalición
Pedro Sánchez dará este martes su primera rueda de prensa tras la imputación de Zapatero
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez viaja hoy a Roma para una agenda que terminará el miércoles con una reunión con el papa en el Vaticano y una rueda de prensa posterior, la primera desde la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, según advierte Agencia EFE.
La comparecencia llegará mientras socios de su investidura como PNV y Coalición Canaria presionan a favor del fin de la legislatura por los detalles que se van conociendo de esa investigación. La agencia de comunicación señala que el expresidente del Gobierno Felipe González ha compartido esa posición y que el Ejecutivo dijo respetarla, aunque reiteró que no la comparte y que la intención es que las elecciones sean en 2027.
Hasta ahora, Sánchez solo se ha pronunciado en público sobre la situación de Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles, cuando respondió a una pregunta del líder del PP Alberto Núñez Feijóo y expresó su apoyo al expresidente, recuerda la Agencia EFE.

La Audiencia Nacional autoriza a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) el acceso a la cuenta de correo electrónico del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad, según el auto al que ha tenido acceso Infobae. En el marco de las investigaciones por el caso Plus Ultra, el requerimiento de la UDEF, emitido el 14 de mayo, estaba dirigido al proveedor de servicios y alojamiento de la dirección de correo electrónico Acens Technologies SLU.
El secretario general de Comisiones Obreras habla de “crisis institucional de calado”, pero pide “contención”
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido calificada por Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), como “una crisis institucional de calado”. Sordo, sin embargo, ha pedido actuar con “contención” ante la situación, instando a la prudencia y recordando la importancia de la presunción de inocencia. La entrevista concedida a La noche en 24 horas ha sido recogida por Europa Press, que atribuye al líder sindical tanto la preocupación como la llamada a la cautela en una coyuntura que considera “compleja”.
En palabras del propio secretario general de CCOO, la “crisis institucional de calado” plantea una situación delicada para el Gobierno, que según Sordo ya se encontraba en una coyuntura caracterizada por apoyos parlamentarios inciertos. Sordo ha subrayado como dato diferenciador la derrota en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, un ejemplo que, a su juicio, ilustra la falta de una mayoría de carácter progresista suficiente para impulsar nuevas normativas en la presente legislatura.
El máximo responsable de CCOO ha reconocido que este contexto político delicado —marcado por la ausencia de mayorías parlamentarias consistentes— se veía contrarrestado, según su valoración, por la buena evolución de la economía española en términos de empleo, actividad y transformación del modelo productivo. No obstante, Sordo sostiene que la apertura del sumario al expresidente “sitúa al Gobierno en una situación delicada” por sí misma, independientemente de la situación previa del país, y considera que la propia investigación contra un presidente del Gobierno en ejercicio o retirado constituye un hecho con graves implicaciones institucionales.

El juez José Luis Calama, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en Madrid, dictó cuatro órdenes internacionales de detención por blanqueo y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, vinculado al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021. Según se lee en las órdenes de detención a las que ha tenido acceso Infobae, las solicitudes fueron emitidas el 17 de marzo de este año.
El juez Calama solicitó información a la UCO sobre mensajes de Víctor de Aldama vinculados con el caso Plus Ultra
El juez Santiago Calama, encargado del ‘caso Zapatero’, pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil información sobre la existencia de mensajes hallados en el teléfono móvil del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, que pudieran estar vinculados con la concesión de ayuda pública a la aerolínea Plus Ultra, según informa Europa Press. La solicitud se produjo tras una noticia sobre citas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las fechas en las que se gestionaba el rescate.
En un escrito entregado al juez y al que tuvo acceso Europa Press, la UCO relata que una persona informó al exasesor ministerial Koldo García que Zapatero estaba reunido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Ese documento también recoge que el exministro de Transportes José Luis Ábalos consultó al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, por una carta que esperaba Air Europa de la SEPI en relación con otro rescate. Según la UCO, “Koldo informó a Ábalos de la reunión del expresidente y, pocos minutos después, el ministro informó a Koldo de lo que le dijo el secretario de Estado de Transportes”, y añade que el exasesor comentó a Aldama esa conversación, según ha publicado la agencia de comunicación.

El sumario del caso Plus Ultra revelado este lunes continúa aportando nueva información de una trama que lleva investigándose desde 2021. La documentación remitida por las autoridades de Francia y Suiza y ahora incorporada a las diligencias judiciales sitúa al empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, con un presunto rol de “gestor ejecutivo” vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza.
El juez Calama dicta cuatro órdenes internacionales de detención por blanqueo y tráfico de influencias
El magistrado José Luis Calama, del Tribunal Central de Instancia, dictó cuatro órdenes internacionales de detención en el marco del caso Plus Ultra contra los presuntos responsables de una red de blanqueo de capitales y tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021.
Los afectados son Rodolfo José Reyes Rojas, venezolano considerado el gestor real de Plus Ultra Líneas Aéreas desde 2017, y su esposa María Aurora López López, declarada titular formal de la compañía en febrero de 2021. Junto a ellos, las órdenes alcanzan a Luis Felipe Baca Arbulu, ciudadano peruano con nacionalidad francesa residente entre Francia y España, y al holandés Simon Leendert Verhoeven, con residencia en Suiza.
Según consta en los documentos judiciales, Baca Arbulu y Verhoeven lideraban una organización criminal que operaba como un “pseudobanco”: mezclaba fondos de origen ilícito, los invertía en bolsa y los devolvía “limpios” a sus clientes. Los investigadores franceses y suizos identifican a Verhoeven como el responsable de generar facturas falsas a través de tres sociedades instrumentales —Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd— a las que Reyes transfirió parte del rescate público a cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
Las órdenes, fechadas el 17 de marzo de 2026, se enmarcan en las Diligencias Previas 77/2024, causa que permanece bajo secreto y que el mismo juez Calama amplió semanas después con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para la obtención de beneficios económicos.
Hazte Oír pide al juez del caso Plus Ultra que impute a la mujer y las hijas de Zapatero
La asociación Hazte Oír ha solicitado al juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, que cite como investigadas a la esposa y las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya imputado en la causa desde la semana pasada.
Según el escrito, las hijas de Zapatero “figuran como administradoras solidarias y socias de la mercantil Whathefav”, calificada en el auto judicial como “elemento finalista del entramado”. Respecto a su esposa, Sonsoles Espinosa, la asociación señala que “figura como cotitular de la cuenta bancaria” a la que una empresa vinculada al expresidente “transfirió la suma de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025”, lo que la convertiría en “beneficiaria a título lucrativo de los fondos presuntamente obtenidos mediante actividad delictiva”.
La petición se enmarca en una causa en la que el juez investiga a Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.
Bendodo tacha a Zapatero de “muro de carga” del sanchismo
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular (PP), ha asegurado que “el muro de carga que sostiene al sanchismo ha colapsado” tras conocerse los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
“No todos los españoles tienen 103 joyas de valor en una caja fuerte”, ha señalado Bendodo, quien exige “muchas explicaciones” y califica la situación de “triste y bochornosa para España”. El dirigente popular, que habló en València, ha pedido elecciones y describe que el Gobierno se encuentra en “estado terminal, sin presupuestos y rodeado por la corrupción”.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una red que, según el oficio policial al que ha tenido acceso Infobae, no solo gestionó el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros, sino que también extendió sus operaciones fuera de España. Concretamente, en materias primas venezolanas como oro, níquel y petróleo, con la participación de intermediarios chinos, suizos y venezolanos.
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