
La investigación sobre el rescate de Plus Ultra llevaba tiempo dejando pistas dispersas entre informes policiales, sociedades en el extranjero, conversaciones intervenidas y sospechas sobre la influencia política que rodeó la concesión de 53 millones de euros de ayudas públicas a la aerolínea durante la pandemia. Pero el caso ha adquirido ahora una dimensión distinta con la confirmación oficial de que Estados Unidos participó en las pesquisas que han terminado con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La intervención estadounidense no ha sido tangencial. Homeland Security Investigations (HSI), la agencia especializada en crimen transnacional y delitos financieros integrada en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), colaboró directamente con la Policía Nacional española en la investigación por presunto blanqueo y tráfico de influencias que instruye la Audiencia Nacional.
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La confirmación ha llegado este miércoles a través de un portavoz oficial del DHS en declaraciones a Reuters. Según explicó, la oficina de HSI en Madrid “colaboró con la Policía Nacional en una investigación sobre el blanqueo de fondos públicos internacionales” que desembocó en las actuaciones acordadas por el juez José Luis Calama contra Zapatero y varios empresarios vinculados al entorno de Plus Ultra.
El papel de la agencia estadounidense aparece además reflejado en el propio auto judicial. Según la resolución, HSI extrajo información del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, empresario venezolano vinculado históricamente al accionariado de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation. Ese material fue posteriormente remitido a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, especializada en delitos financieros complejos y crimen organizado transnacional.
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La documentación obtenida del dispositivo de Reyes se ha convertido en una de las piezas centrales de la causa. El empresario, que reside en Madrid y cuyo domicilio fue registrado el pasado noviembre, figura entre los investigados por la Audiencia Nacional. Hasta hace apenas unos meses controlaba un importante paquete accionarial de la aerolínea.
El contenido de los mensajes intervenidos es precisamente uno de los elementos que más peso tienen en el auto del juez Calama. Las conversaciones incorporadas al sumario dibujan un contexto en el que varios empresarios e intermediarios hablaban abiertamente de la supuesta capacidad de influencia de Zapatero para facilitar el rescate público de Plus Ultra.
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En uno de esos intercambios, fechado en marzo de 2020, uno de los interlocutores plantea recurrir al expresidente para gestionar “lobby político” relacionado con las ayudas públicas a la compañía aérea. “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?”, pregunta uno de los participantes en el chat. “Yo busco cómo llegarle a ZP”, responde otro. En otros mensajes incluidos en la investigación aparecen expresiones como “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Lo tiene Grupo Zapatero”, en conversaciones relacionadas con las gestiones para desbloquear apoyo institucional y financiero para la aerolínea.
El magistrado interpreta esos diálogos como indicios de una estructura organizada para influir en decisiones públicas aprovechando la red política y los contactos del expresidente. De hecho, el auto sostiene que Zapatero habría encabezado una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” destinada presuntamente a intervenir en operaciones económicas vinculadas al rescate.
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La investigación apunta además a la utilización de sociedades instrumentales, contratos de asesoramiento y estructuras financieras opacas para canalizar pagos y dar apariencia legal a determinadas operaciones. En ese contexto aparece mencionada la consultora Análisis Relevante, vinculada a las hijas del expresidente, cuya sede también fue registrada por orden judicial. Según el juez, esa empresa habría servido para “simular servicios de asesoramiento” y generar documentación que justificara determinados movimientos económicos.
Qué es Homeland Security Investigations y por qué su aparición cambia el caso
Homeland Security Investigations es la gran división investigadora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La agencia nació tras los atentados del 11-S, pero con los años se ha convertido en uno de los principales brazos operativos de Washington para perseguir redes internacionales de blanqueo, corrupción, fraude financiero, evasión de sanciones y crimen organizado transnacional. Tiene oficinas desplegadas en decenas de países y trabaja habitualmente con servicios policiales y agencias de inteligencia extranjeras cuando detecta movimientos sospechosos de dinero que cruzan fronteras. Y eso es precisamente lo que da una dimensión distinta al caso Plus Ultra.
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La participación de HSI sugiere que las autoridades estadounidenses llevaban tiempo observando operaciones financieras relacionadas con el entorno de la aerolínea venezolana y con algunos de sus inversores. No se trata solo de los chats encontrados en el teléfono de Rodolfo Reyes. Lo relevante es que Estados Unidos decidió intervenir en una investigación vinculada a movimientos de capital, sociedades internacionales y posibles estructuras de blanqueo conectadas con varios países.
De hecho, Washington ya había puesto el foco meses atrás sobre determinadas operaciones financieras relacionadas con Venezuela y con circuitos sospechosos de mover fondos a través de bancos extranjeros y sociedades opacas. Ahí aparece el nombre del banco suizo MBaer, investigado por las autoridades estadounidenses por presuntas operaciones vinculadas a capital procedente de entornos relacionados con Venezuela, Rusia e Irán.
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Entre las operaciones bajo sospecha figuraban cuentas asociadas a inversores relacionados con Plus Ultra y movimientos financieros detectados por la oficina de control de delitos financieros del Tesoro estadounidense. Una de las transferencias examinadas superaba los 519.000 dólares y estaba vinculada a la propia aerolínea.
Ese contexto ayuda a entender por qué Homeland Security Investigations terminó colaborando con la Policía española. La agencia estadounidense no suele entrar en investigaciones políticas locales ni en causas ordinarias de corrupción administrativa. Su presencia suele responder a la existencia de ramificaciones internacionales, estructuras societarias complejas o circuitos financieros susceptibles de encajar en investigaciones de blanqueo transnacional.
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Por eso, más allá de las derivadas políticas del caso, la aparición de HSI introduce un elemento especialmente sensible en la investigación de la Audiencia Nacional: parte de las pruebas clave utilizadas por el juez Calama proceden de información obtenida y analizada por una agencia federal estadounidense especializada precisamente en rastrear dinero opaco y estructuras internacionales de lavado de capitales.
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