
El Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles cinco propuestas presentadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar en materia de vivienda, mientras que ha dado el visto bueno a otras tres presentadas por el Partido Popular, lo que pone de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante medidas en este ámbito, a horas de la reunión de las comunidades autónomas en Madrid para impulsar el Plan Estatal de Vivienda.
Por parte del Gobierno, han presentado dos proposiciones no de ley para vigilar mejor los procesos de adjudicación de vivienda protegida y desarrollar una fiscalidad más severa para la compra especulativa de vivienda. La primera propuesta -viviendas protegidas- ha sido separada por puntos, para que no fuera tumbada por completo ya que el PNV y Junts habían expresado previamente sus críticas al considerar que la medida usurpaba competencias a las CCAA.
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Así, han sido sometidos a votación tres puntos: que los procesos de adjudicación de viviendas protegidas sean claros y objetivos; que la vivienda protegida sea destinada “exclusivamente” a residencia habitual y detallar el suelo disponible de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria. Los tres han sido aprobados con el voto en contra y la abstención en las tres votaciones de Vox y PNV respectivamente.
El resto de la propuesta, sometida a votación en su conjunto, no ha contado con los apoyos necesarios. En concreto, proponía que las viviendas protegidas mantengan ese régimen para siempre y no se puedan desclasificar y contar con registros públicos de demandantes de vivienda protegida. PP, Vox y Junts han votado en contra y PNV, UPN y Coalición Canaria se han abstenido, dejando un resultado final de 164 votos a favor, 175 en contra y 7 abstenciones.
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Sumar no logra prohibir las socimis y fondos buitre
La segunda propuesta del Gobierno que no ha pasado la votación del Congreso ha sido una petición de Sumar para aplicar las modificaciones legales necesarias para establecer limitaciones a la adquisición de bienes inmuebles por distintas vías en función del territorio y el adquiriente para terminar con la compra especulativa. Además, pedía impulsar una reforma fiscal “progresista” que mejore el trato a las rentas del trabajo y elimine los beneficios fiscales de las rentas del capital particularmente de vehículos singulares como las socimis.
La propuesta ya fue mal recibida en origen, ya que el partido de Yolanda Díaz pedía directamente derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) y prohibir la compra de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”. El Congreso ha tumbado estas peticiones con el voto en contra de PP, Vox y UPN, la abstención de Junts y Coalición Canaria y el voto favorable del resto del hemiciclo, dejando un resultado final de 169 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones.
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El Congreso respalda las propuestas del PP
Por el contrario, el Congreso ha respaldado las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda, que incluye una para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en el plazo establecido, esta se considerará aceptada.

Además, el PP ha propuesto reorientar por completo la política de vivienda del Gobierno, con medidas enfocadas a aumentar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia “asfixiante”, al tiempo que pide evitar medidas “propagandísticas vacías” y bajar el IVA de vivienda nueva y rehabilitación al 4%, así como otras deducciones que faciliten el alquiler.
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Por último, el Congreso insta a agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones o rehabilitaciones energéticas, priorizando aquellas promociones o rehabilitaciones de viviendas asequibles en zonas con alta demanda.
Las votaciones del Congreso se dan en las horas previas a la reunión entre comunidades autónomas prevista para este jueves en el marco del Plan Estatal de Vivienda, en el que el Gobierno espera alcanzar un acuerdo sobre la distribución de los fondos del proyecto. La Comunidad de Madrid ha confirmado que participará en la reunión, pese a que considera que “va en el camino equivocado” y reducirá la oferta disponible.
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