
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado este martes por la Audiencia Nacional ante un presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas de su entorno en el marco del caso Plus Ultra. Concretamente, el juez José Luis Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en forma de rescate durante la pandemia. El auto considera al expresidente “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado en un caso de corrupción. Está citado a declarar el 2 de junio.
Miguel Tellado carga contra Zapatero en una entrevista
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, asegura que “por primera vez un expresidente del Gobierno de España es imputado por graves delitos de corrupción”, lo que considera “una gravedad manifiesta” en la historia democrática nacional, según declaraciones recogidas por la Agencia EFE.
Para Tellado, la situación requiere explicaciones tanto de José Luis Rodríguez Zapatero como de todo el Partido Socialista y, especialmente, de Pedro Sánchez. El dirigente popular sostiene en una entrevista en Telemadrid que España enfrenta “una situación tremendamente grave” derivada de estos hechos.
El secretario general del PP ha hecho referencia a los delitos atribuidos al exmandatario y ha subrayado que “ninguno de los que rodean a Sánchez”, en alusión al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización Santos Cerdán, “habría podido delinquir sin la participación del Gobierno de Sánchez”.
En mayo de 2020, los directivos de Plus Ultra escribieron al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para solicitar un crédito ICO “siguiendo instrucciones” de Zapatero, según recoge el auto de imputación. La carta nunca derivó en un préstamo formal. Un día después de su envío, el accionista Rodolfo Reyes preguntó por “las gestiones de Zapatero”, y el director financiero respondió que “se están moviendo”. Mes y medio más tarde, el Gobierno creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que acabó concediendo a la aerolínea 53 millones de euros.
El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha descartado que la imputación de Zapatero afecte al acuerdo de Gobierno: “Que yo sepa, Zapatero no forma parte del Gobierno”. Aunque también ha pedido “máxima prudencia”, admitiendo que le ha sorprendido que el primer expresidente imputado en España sea Zapatero “cuando no se ha imputado al antiguo jefe del Estado (...) ni a M. Rajoy ni a otros expresidentes que habitualmente han realizado tareas de intermediación con grandes empresas, como Aznar o González”. Santiago también ha alertado sobre equiparar automáticamente actividades mercantiles de personas de izquierda con irregularidades.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado que Pedro Sánchez “ya tendría que haber comparecido” ante la prensa tras la imputación de Zapatero, a quien el auto sitúa “en el punto de mira”. Tellado ha considerado la situación “completamente inaceptable” y ha afirmado que “la ciudadanía está sobrecogida” al ver a “nada más y nada menos que a un expresidente del Gobierno imputado”. Ante la petición de pruebas por parte del PSOE, ha respondido que “lo que tienen que hacer es responder ante la justicia”.
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El Gobierno cree en la inocencia de Zapatero y espera que Sánchez le defienda en el Congreso
La imputación de Zapatero ha sido un “palo” para el Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, aunque el Gobierno sigue del lado del expresidente tras estudiar el auto del juez Calama. En el PSOE consideran que Zapatero, al que tienen por una persona íntegra, no pudo incurrir en los comportamientos descritos por el magistrado, y esperan que Pedro Sánchez le defienda este miércoles en la sesión de control en el Congreso. “Si hubiese algo, no haces eso, te dedicas a una cosa u otra”, ha señalado un cargo del Gobierno. El propio Zapatero ha negado los hechos y asegura que “jamás” realizó gestiones a favor del rescate de Plus Ultra.
*Con información de Europa Press.
Para el juez que investiga el caso, concurren todos los elementos del delito de tráfico de influencias: influencia ejercida, orientación hacia una resolución administrativa concreta y vinculación entre esa influencia y el beneficio económico, cuyos fondos habrían sido canalizados hacia Zapatero y su entorno “para justificar el trasvase de fondos” mediante contratos de asesoría ficticios. La estructura contaría con cuatro niveles: Zapatero como líder, Julio Martínez Martínez como interlocutor y ejecutor de sus instrucciones, y María Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano Quiles como gestores operativos de la red y del entramado societario.

El juez atribuye a Zapatero “influencia determinante” en operaciones de compraventa de petróleo en Venezuela
El auto judicial señala que Zapatero, como “núcleo decisor y estratégico” de la red, ejercía una “participación e influencia determinante” en operaciones internacionales de petróleo gracias a su “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política”. El sumario recoge mensajes en los que intermediarios coordinaban reuniones con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para la compraventa de buques de crudo, y una carta de intenciones de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino dirigida a la “Oficina del Presidente Zapatero”. Los fondos extranjeros entraban a la red a través de Inteligencia Prospectiva y se distribuían después mediante contratos ficticios a Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center.
Según el auto judicial, Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante, actuaba como interlocutor de los clientes de la red y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero. Los fondos se canalizaban mediante contratos de asesoría utilizados “para justificar el trasvase de fondos” al expresidente y su entorno. En el nivel operativo, la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, ejecutaba sus órdenes directas, mientras que Cristóbal Cano Quiles gestionaba el entramado societario vinculado a Martínez Martínez.

El nombre de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, aparece por primera vez en el ‘caso Plus Ultra’ dentro de una conversación intervenida por la UDEF en la que se habla de un pago de 2.000 euros en efectivo. El episodio figura en el auto de la Audiencia Nacional con el que el juez José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el que describe una presunta red de influencias organizada alrededor del rescate público de la aerolínea durante la pandemia.
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