La Audiencia Nacional atribuye a Zapatero el cobro de 1,95 millones de euros en mordidas

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigado al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero para declarar en dos semanas en relación con el rescate de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que fue rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia. El magistrado ha atribuido al que fue expresidente entre 2004 y 2010 y personas de su entorno el supuesto cobro irregular de 1,95 millones de euros en comisiones, según se detalla en la nota de prensa que se ha difundido este martes tras levantarse el secreto de sumario.

En dicha resolución, el juez asegura haber identificado como enviados diferentes cobros al entorno de Zapatero, de los cuales en su mayoría la cantidad fue destinada a él mismo y a Whathefav, la empresa de sus hijas, Laura y Alba, destinada a la publicidad, y públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports. En concreto, Calama destaca que la consulta Análisis Relevante, que está en el centro de la causa por ser la firma que asesoró a la aerolínea en su rescate, habría remitido 490.780 euros para el propio Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. El dueño de la consultora que menciona es Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente.

El auto también recoge otros pagos posteriores, entre ellos 352.980 euros remitidos presuntamente a Zapatero a través del think tank Gate Center y otros 171.727 euros destinados a la misma mercantil. A estas cantidades se sumarían, además, 681.318 euros procedentes de sociedades relacionadas con el grupo Thinking Heads, consultora especializada en el posicionamiento estratégico, así como otros 12.297 euros enviados igualmente a Whathefav. En total, 1,95 millones de euros.

Calama constata la existencia de “una trama organizada” liderada por el exlíder socialista

Según el magistrado, la investigación ha permitido detectar una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que habría operado para favorecer a Plus Ultra en la obtención de ayudas públicas y autorizaciones administrativas tanto en España como en Venezuela, y cuyo líder era Zapatero. El juez sostiene que la trama utilizó sociedades instrumentales, contratos de asesoría y estructuras financieras en el extranjero para canalizar pagos y ocultar el origen de los fondos. La resolución judicial menciona incluso la creación de sociedades en Dubái que, presuntamente, habrían servido para mover capitales fuera de España y dificultar su trazabilidad.

El instructor considera además que los investigados habrían tenido acceso anticipado a información reservada sobre la aprobación de las ayudas públicas antes de que el rescate fuese autorizado oficialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en marzo de 2021. En uno de los mensajes incorporados a la investigación, varios implicados habrían celebrado la concesión de las ayudas días antes de la decisión formal del organismo público.

El juez también ha autorizado el registro de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz y de varias sociedades mercantiles vinculadas a la trama, aunque ha rechazado registrar el domicilio particular del expresidente al considerar que la medida sería desproporcionada. Por estos hechos, Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.