El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

La crisis de acceso a la vivienda sigue agravándose en España y ya afecta de lleno a jóvenes, a familias vulnerables e, incluso, a trabajadores con ingresos estables. Así lo ha reconocido el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha lanzado este martes una seria advertencia desde el Congreso de los Diputados en las que ha destacado que sin coordinación entre administraciones y sin medidas urgentes, la situación de la vivienda en España podría deteriorarse todavía más en los próximos años.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Gabilondo reclamó “la colaboración de todos” para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y aseguró que “solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo” en esta materia, recoge Efe.

El pronunciamiento llega en un momento de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario, marcado por el encarecimiento del alquiler, la escasez de vivienda pública y las dificultades crecientes para acceder a una casa tanto en propiedad como en arrendamiento.

Falta de respuestas eficaces

Gabilondo ha presentado informe que recoge 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 ciudadanos a lo largo del ejercicio. Buena parte de las quejas recibidas están relacionadas con los problemas de acceso a la vivienda y con la falta de respuesta eficaz por parte de las administraciones.

Explicó que en junio de 2025 la institución abrió actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los diez ayuntamientos más poblados del país. El objetivo era conocer qué medidas se estaban adoptando para aumentar la vivienda protegida y ampliar el parque público residencial.

“Esta actuación sigue abierta”, subrayó el Defensor, que insistió en la necesidad de cooperación institucional para afrontar un problema que considera estructural. A su juicio, las políticas actuales no están siendo suficientes para responder a una demanda social cada vez más urgente.

Vivienda pública insuficiente y ayudas lentas

El informe identifica varias causas detrás del deterioro del acceso a la vivienda. Entre ellas destaca la escasez de vivienda pública y social, que sigue situándose muy por debajo de la media europea, así como la lentitud administrativa y la insuficiencia de ayudas eficaces para las familias con menos recursos.

Según trasladan numerosos ciudadanos a la institución, acceder a una vivienda protegida se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por “esperas interminables” y procedimientos burocráticos que retrasan durante años las adjudicaciones.

El problema golpea especialmente a los jóvenes y a las familias vulnerables, que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler. En muchos casos, directamente quedan expulsados del mercado por la imposibilidad de asumir las rentas actuales.

Gabilondo alertó además de que la situación es todavía más grave en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el auge del alquiler vacacional reduce la oferta residencial y presiona aún más los precios.

Desahucios y sinhogarismo pese a tener empleo

Uno de los puntos que más preocupación genera al Defensor del Pueblo es el incremento de situaciones de exclusión residencial incluso entre personas con trabajo o ingresos estables. Según explicó, muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a las subidas “desproporcionadas” del alquiler.

“Entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas”, advirtió Gabilondo, quien considera que la respuesta institucional frente a este fenómeno “no resulta satisfactoria”.

El informe también recoge numerosos casos de ciudadanos que comunicaron a la institución la inminencia de un desahucio judicial de su vivienda habitual. Ante esta situación, el Defensor reclamó reforzar la protección de las personas vulnerables sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales.

Además, pidió mejorar la gestión de ayudas públicas, garantizar procesos transparentes de adjudicación de vivienda social y aumentar de manera urgente el parque público destinado al alquiler asequible.

El drama de las infraviviendas y los asentamientos

Gabilondo también puso el foco sobre una realidad menos visible pero persistente: la existencia de asentamientos chabolistas e infraviviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad en distintos puntos del país.

“No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas separados y aislados de los núcleos urbanos”, señaló durante su intervención en el Congreso.

Para el Defensor del Pueblo, estas situaciones deben convertirse en una prioridad política y social. Por ello, reclamó a las administraciones planes efectivos de realojo y soluciones rápidas para las personas que viven en condiciones extremas de exclusión.