Ejecutan el desahucio de Mariano Ordaz, el pensionista que vivía en el piso de una orden religiosa dueña de otros 100 inmuebles en Madrid

En medio de un fuerte despliegue policial que ha comenzado a primera hora de la mañana, finalmente este jueves han desahuciado en el barrio madrileño de Embajadores a Mariano Ordaz, el pensionista de 67 años que ha residido toda su vida en una vivienda propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT). Este era el quinto intento de desalojo al que se enfrentaba y, esta vez, ni el apoyo vecinal ni el Sindicato de Inquilinas han podido paralizarlo. A pesar de ser una persona vulnerable y no tener alternativa habitacional, Ordaz se ha quedado en la calle.

Al grito de ‘Mariano no estás solo, estamos contigo’ o ‘Vergüenza me daría desahuciar a un pensionista’ o “el próximo desahucio, el ático de Ayuso”, decenas de activistas y vecinos han tratado de evitar que la comisión judicial ejecutara el desalojo en medio de un fuerte dispositivo de la Policía Nacional, que ha acordonado la zona con hasta ocho furgones. “Estamos hablando de entre 80 y 100 policías para desahuciar a un señor de 67 años. Lo que hemos vivido hoy no es normal, es inaudito”, ha denunciado Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. La organización ha acusado a los agentes de “saltarse todos los protocolos”, al no haber esperado a la comisión judicial, y han responsabilizado a la Delegación del Gobierno de este dispositivo que consideran “inadminisble” para desahuciar a una persona mayor.

El caso de Mariano, critica el sindicato, “es una de las consecuencias inmediatas de la moratoria antidesahucios” que paralizaron PP, Junts y Vox el pasado 28 de abril en el Congreso de los Diputados. El decreto de ley permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, pero los votos en contra de estos tres partidos y la abstención del PNV impidieron su aprobación.

“El Gobierno central también es culpable por haber dejado caer el real decreto de prórroga de los alquileres y no haber tomado ninguna medida en la mayor crisis de vivienda de este país”, ha añadido Vilariño frente a los medios de comunicación. El sindicato también ha responsabilizado de este desahucio al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y al municipal de José Luis Martínez-Almeida, por “ser incapaces de mejorar las condiciones de vida de la gente”.

Durante la protesta, dos militantes del sindicato también desplegaron una pancarta desde la azotea del edificio y la sujetaron a la puerta de la vivienda de Ordaz, con el objetivo de bloquear el acceso al inmueble. Al lugar acudieron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que comunicaron a los manifestantes que no actuarían hasta que llegara la comisión judicial.

Problemas estructurales y de salubridad

El edificio donde Ordaz ha residido estos 67 años pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), que justificaba el desahucio alegando la necesidad de realizar obras en el mismo. El piso donde vivía el pensionista, de hecho, presenta graves deficiencias estructurales y de salubridad, hasta el punto de que el pasado mes de noviembre el techo de la cocina colapsó debido al deterioro causado por las humedades.

El Sindicato de Inquilinas denuncia que la orden franciscana no es un pequeño propietario, sino una entidad “con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís”. “Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso en el que, a pesar de tener recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, han preferido utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”.

Ante los procesos de desahucio y la escalada de precios en el mercado inmobiliario, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una serie de movilizaciones para la primavera y ha convocado la primera gran manifestación para el próximo 24 de mayo en Madrid. “La vivienda no puede costarnos la vida”, concluyen.