El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha intervenido este año en numerosas operaciones contra el tráfico ilegal de residuos provenientes de diferentes países para ser enterrados en España.
Lejos de convertirse en un negocio marginal, se trata una actividad cada vez más en auge, especialmente desde la pandemia de covid-19, que “agravó la situación al reducir los controles y generar más residuos”, afirma el SEPRONA a Infobae España.
“El tráfico ilegal de residuos ha aumentado y se ha vuelto más sofisticado, aprovechado por las redes criminales internacionales”, subrayó la unidad de la Guardia Civil.
Operaciones encubiertas bajo una apariencia legal
La complejidad de estas redes reside en su capacidad para ocultar las toneladas de residuos, en muchos casos altamente peligrosos, bajo una apariencia legal, gracias a la documentación falsificada.
“Ahí es donde comienza el fraude: residuos que deberían haberse eliminado en el país de origen se exportan con documentación falsificada”, explican desde el SEPRONA. Una vez en el país de destino (España), los papeles se alteran nuevamente para simular que el residuo ha sido valorizado. “Finalmente, este residuo puede terminar enterrado en vertederos, tanto legales como ilegales”, señala la unidad especializada a este diario.
Este circuito fraudulento no solo persigue eludir normas ambientales, sino también justificar beneficios económicos obtenidos de forma ilegal. “Esta actividad también puede servir como vía para el blanqueo de capitales procedentes de otros delitos. Para justificar esas ganancias, se simula una actividad legal a través del tráfico de residuos”, advierten.
Residuos tóxicos y amenazas sanitarias
Los residuos que preocupan especialmente al SEPRONA son los que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y sustancias perfluoroalquiladas (PFAS).
“Estos compuestos no solo son altamente tóxicos, sino que permanecen en el medio ambiente durante décadas y se acumulan en los organismos vivos. Si se gestionan de manera ilegal, pueden contaminar suelos, aguas y afectar gravemente a la salud humana, incluso a través de la cadena alimentaria”, alertan.
Redes criminales descentralizadas y adaptadas
A diferencia de las estructuras mafiosas clásicas, las organizaciones implicadas en este delito operan como redes descentralizadas, sin jerarquías visibles. “En nuestra experiencia, hemos comprobado que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de residuos no responden al modelo clásico de los grupos jerarquizados”, explican desde el SEPRONA. “Más bien, se trata de redes delictivas descentralizadas, flexibles y difíciles de rastrear, donde cada eslabón cumple una función específica sin necesidad de una cadena de mando rígida”, añaden.
En este esquema, los intermediarios (personas o empresas que conectan productores de residuos, transportistas y destinos finales) son fundamentales. “Estas figuras son clave para mover los residuos a través de fronteras, manipular documentación y facilitar el acceso a canales logísticos”, detalla la unidad.
Uno de los hallazgos “más preocupantes” en las investigaciones recientes es la implicación directa de las plantas de tratamiento de residuos legalmente registradas, “lo cual rompe el esquema tradicional de que solo las mafias están detrás de estas actividades”. Algunas de estas empresas incluso figuran como receptoras de residuos que nunca han llegado, emitiendo documentación ambiental completamente ficticia.
El papel de la tecnología
Para combatir estas redes, el SEPRONA ha reforzado el uso de la tecnología. “Estamos intensificando nuestra lucha contra el tráfico internacional de residuos mediante el uso de la tecnología avanzada, como el sistema de trazabilidad digital, escáneres, drones e imágenes satelitales”, detallan.
Además, la unidad ha incorporado la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos: “Estamos apostando por la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos para investigar de forma más eficaz los delitos ambientales”.
En este ámbito, destaca el proyecto FAUNOS, que “permite localizar rutas ilegales de residuos y puntos críticos de vertido antes de que el daño sea mayor. Podemos trabajar de manera más rápida, precisa y eficiente, sin dejar de lado el trabajo sobre el terreno”.
Colaboración internacional
La labor de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha sido clave: “Ha permitido desmantelar redes dedicadas a exportar residuos electrónicos o plásticos fuera de la UE, vulnerando la normativa vigente”. “La colaboración con Europol y otras fuerzas policiales es muy fluida… existe una gran voluntad de cooperación entre países”, indica el SEPRONA.
Gracias a OLAF, “la capacidad para rastrear flujos financieros y conexiones transnacionales resulta fundamental para seguir el rastro del dinero y relacionarlo con delitos medioambientales”, explican.
España refuerza la normativa y los controles
En respuesta a esta amenaza, España ha adoptado medidas legislativas y operativas. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha reforzado los requisitos de trazabilidad, control y responsabilidad. “Desde el punto de vista normativo, se ha reforzado el marco legal, especialmente en lo que respecta al traslado transfronterizo”, señala el SEPRONA.
El sistema electrónico eSIR permite un seguimiento en tiempo real de los movimientos de residuos, facilitando el cruce de datos y la labor inspectora. “Se está trabajando en la mejora de los sistemas de vigilancia y trazabilidad a través de plataformas electrónicas”, explican.
Del mismo modo, las inspecciones en puntos de producción, vertederos y plantas de tratamiento se han intensificado, con unidades especializadas creadas en varias comunidades autónomas.
No obstante, “es igualmente importante fomentar la concienciación ciudadana y empresarial para prevenir este tipo de delitos medioambientales y promover prácticas responsables”, destacan. “La sociedad debe ser consciente de que estos delitos no solo tienen un alto impacto medioambiental, sino que también suponen una amenaza real para la salud pública y para la economía, al distorsionar el mercado de gestión de residuos mediante la competencia desleal”, concluye el SEPRONA.
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