Una pareja compra una casa, la reforma y es expulsada porque la vivienda vecina está en ruinas: “Tuve que forzar la entrada para recuperar al gato”

El proyecto de reforma de una antigua granja en Cugy (Francia) se ha convertido para Philippe Aegerter - el propietario - en una pesadilla difícil de desentrañar. A principios de 2022, tras adquirir una de las casas más antiguas del municipio, comenzó junto a su pareja y su hijo de ocho años una modernización completa del inmueble, con la esperanza de convertirla en el hogar familiar definitivo. No duró mucho.

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De acuerdo con el medio francés 24 heures, Apenas diez días después de mudarse, la familia empezó a detectar signos preocupantes: caídas de piedras, crujidos persistentes y una sensación de inquietud constante. Un perito, tras examinar la propiedad, confirmó que la estructura adosada - con quien comparten tejado - amenazaba con derrumbarse sobre la vivienda recientemente restaurada. La situación se complicaba, además, por el hecho de que la unidad vecina tiene como propietario al propio Ayuntamiento de Cugy.

La administración local respondió sin medias tintas. Tras corroborar el peligro, el Ayuntamiento ordenó de inmediato la evacuación de la familia, apoyándose en la ley de ordenación del territorio que obliga a garantizar la seguridad vecinal. “Fue de una brutalidad inaudita”, relata Aegerter sobre el día en que, tras una citación urgente, recibió la orden de desalojar su propia casa. A la vuelta, el domicilio estaba completamente tapiado. “Tuve que forzar la entrada para recuperar nuestras cosas y al gato, que seguía dentro”.

Desde ese momento, la familia reside de manera provisional en un pequeño apartamento, mientras continúa la batalla administrativa y legal contra lo que interpretan como un abuso de poder municipal. El artículo 92 de la ley ampara a la autoridad local para intervenir en edificios en riesgo de ruina, pero en este caso el propio Ayuntamiento, actuando tanto como propietario como autoridad, ha evitado ejecutar obras en la parte que le corresponde. “Hay conflicto de intereses”, señala Aegerter, sumido en un proceso sin solución aparente.

La versión municipal coincide con guion oficial. Insiste en que la expulsión se ajustó a la normativa y fue ratificada por la justicia administrativa en enero de 2024. Afirman que se han adoptado medidas para asegurar el perímetro, aunque descartan, al menos por ahora, cualquier intervención estructural en su inmueble. Los antecedentes municipales introducen, además, un elemento extra: “El objetivo era crear un espacio multifuncional, pero la adquisición no se ajustaba a las exigencias de vivienda pública y, tras dialogar con Aegerter, la decisión fue renunciar al derecho de adquisición preferente”, indican fuentes municipales.

El conflicto lleva ya dos años estancado. “Dos años después, seguimos en el mismo punto. A veces parece que lo que buscan es que me rinda”, resume el propietario. Los intentos de mediación han resultado ineficaces y las propuestas - venta, demolición y reconstrucción o conservación parcial - no han pasado de simples conversaciones. Por el camino, los gastos se han disparado: reformas, mudanza precipitada, alquiler doble, asesoría legal y expedientes administrativos. “Lo que me indigna no es solo la expulsión, sino la ausencia total de medidas de compensación. El Ayuntamiento no ha hecho nada para que podamos volver a casa ni ha ofrecido alternativa de reubicación, tampoco se ha hecho cargo de los gastos derivados de su decisión”, reprocha Aegerter.

El Ayuntamiento insiste en la legalidad del proceso y en la peculiaridad del caso. “El derecho de Aegerter a gozar de la vivienda es claro, pero estamos ante una situación inédita que depende también de órganos cantonales. Si existiera una jurisprudencia clara, la aplicación sería más sencilla”, reconocen desde la administración local.

La disputa avanza ya hacia la vía judicial. En el horizonte, dos frentes abiertos: por un lado, la exigencia de la familia para que el Ayuntamiento asuma la reparación imprescindible para poder regresar a su casa y, por otro, una posible reclamación patrimonial por los daños sufridos tras la expulsión. Será la justicia quien marque los límites en una batalla que enfrenta propiedad, administración y derechos fundamentales.