Félix Bolaños carga contra la decisión del juez Peinado de pedir su imputación: “No se sostiene y contiene errores de bulto”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su “tranquilidad absoluta” tras la polémica exposición motivada que el juez Juan Carlos Peinado ha dirigido este martes al Tribunal Supremo para que se le impute por malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez. El dirigente socialista ha insistido en que la exposición motivada del juez “no contiene nada que me pueda preocupar” y ha reiterado su confianza en que el Tribunal Supremo adoptará “una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos”. En este sentido, ha calificado de “buena noticia para la justicia” la intervención del Supremo en dicha causa, ya que permitirá revisar la instrucción y la exposición motivada presentada por Peinado.

Bolaños ha comparecido en la tarde de este martes desde el Congreso para responder al nuevo paso adoptado por el juez instructor en la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. El titular de Presidencia ha expresado su “confianza plena en la justicia” y, en particular, en el sistema de recursos que permite revocar resoluciones que “no se ajustan a derecho”. “En un día como hoy, más que nunca, quiero mostrar mi confianza en el sistema judicial de mi país. La confianza plena en el sistema judicial de nuestro país y en el sistema de recursos que es capaz de anular y revocar decisiones que no se ajusten al derecho”.

En esta línea, ha afirmado que su confianza “se ha visto reafirmada” cuando ha leído las exposiciones motivadas de Peinado: “No se sostienen y contienen errores de bulto y nada que me pueda preocupar. Quizá una cosa, la imagen de la justicia con esta resolución judicial”. Aunque ha evitado pronunciarse sobre si Peinado estaría prevaricando, ha precisado que las afirmaciones que hace el magistrado en su auto no son ciertas. “El señor Peinado afirma que yo declaré que el señor Raúl Díaz nombró a la señora Cristina Álvarez [asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno]. Jamás, nunca, declaré tal cosa. El vídeo de mi declaración es público. Cualquiera lo puede comprobar y puede saber que efectivamente nunca declaré tal cosa. Me ratifico al 100% en todo lo que dije mi declaración del 16 de abril en su veracidad”, ha dicho, para después sentenciar: “La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General. Nunca fue mi subordinada. Nunca fui su jefe. Nunca dirigí su actividad laboral”.

El motivo concreto que afecta a Bolaños está enmarcado en la investigación dirigida por Juan Carlos Peinado sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Bolaños al considerar que existen “indicios razonables, sólidos y cualificados” de su implicación. Esta petición se fundamenta en la condición de aforado del ministro, lo que obliga a que sea el Supremo quien decida si procede abrir una investigación formal.

La resolución de Peinado, fechada el 23 de junio, detalla que los indicios de malversación se centran en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en 2018. Según el juez, Álvarez habría sido contratada con fondos públicos, aunque sus funciones respondían a intereses “estrictamente privados” relacionados con la atención a Begoña Gómez. El magistrado sostiene que Bolaños, en su etapa como secretario general de Presidencia, “ha podido participar directamente” en el nombramiento de Álvarez como personal eventual y que “ha conocido o no ha controlado” las tareas que desempeñó, por las que percibió un sueldo con cargo a los presupuestos generales del Estado.

El presunto delito de falso testimonio atribuido a Bolaños se apoya en su declaración como testigo el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa. El juez Peinado afirma que el ministro omitió “con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento”. Esta actitud, calificada por el magistrado como “totalmente proterva”, constituye, según su exposición, el “indicio principal” del delito de falso testimonio. Peinado describe la situación como “el paradigma de un oxímoron”, al considerar que Bolaños, pese a declarar bajo juramento, no se ajustó a la realidad de los hechos.

En la exposición motivada, el juez recuerda también los indicios que pesan sobre Cristina Álvarez y menciona conductas “inescindibles” respecto a Bolaños en una pieza separada, en la que se ha acordado investigar igualmente al delegado del Gobierno, Francisco Martín. El magistrado subraya la existencia de una “colaboración activa en los fines” perseguidos por Álvarez, a quien atribuye actividades de “carácter privado y en ningún caso de carácter institucional o sin ánimo de lucro”. Destaca el papel de las personas que han tenido “alguna responsabilidad” tanto en el nombramiento como en el mantenimiento de Álvarez en el cargo de directora de Programas, “con cometidos difusos y escasamente concretados, entre ellas Bolaños”.

El juez Peinado sostiene que deben considerarse “partícipes” en el delito de malversación “todas aquellas personas que tuvieran bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos”. En este sentido, vuelve a señalar al ministro de la Presidencia como uno de los responsables de la gestión de los fondos públicos implicados en el caso.

Durante su declaración como testigo, Bolaños manifestó, “tras sucesivas reticencias”, que el nombramiento de Álvarez fue realizado por Raúl Díaz, coordinador de Personal de Moncloa, quien emitió un certificado que figura en la causa. Sin embargo, este extremo fue negado por Díaz cuando declaró como testigo los días 14 y 28 de mayo. El juez considera que, “por las respuestas o las evasivas” tanto de Bolaños como de Díaz, “cabría haber acordado” el registro del edificio del Complejo Presidencia de la Moncloa, “donde constan los archivos” en los que figura el documento que propone el nombramiento de Cristina Álvarez. No obstante, Peinado señala que esta diligencia “sería contraria al principio de proporcionalidad” y que, en la actualidad, “resulta imposible” continuar la investigación sin acudir al Tribunal Supremo.

El procedimiento principal dirigido por el juez Peinado, que sigue investigando a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha puesto el foco en la contratación y las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez, así como en la posible implicación de altos cargos de la administración en la gestión de recursos públicos.