Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, se han reencontrado este lunes 23 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, en medio de gran expectación mediática. Ambas han acudido para declarar como testigos en el juicio que enfrenta a Flores y a la productora La Fábrica de la Tele, actualmente conocida como La Osa Producciones. El proceso judicial aborda la demanda presentada por Rocío Flores por la difusión de documentos y datos personales cuando ella era menor, en el contexto del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, emitido en 2021 por Telecinco.
El distanciamiento entre madre e hija, ha sido visible en este nuevo capítulo judicial, pues ni se han dirigido una palabra, tal y como vienen haciendo desde hace años. Rocío Flores ha llegado al juzgado a primera hora acompañada de su abogado y mostrando un semblante serio. Ha llevado un vestido blanco de estilo camisero y gafas de sol. Rocío Carrasco, por su parte, ha llegado sola con la cabeza alta, vestida con un traje claro y tacones.
<i>Rocío: contar la verdad para seguir viva</i>
La causa de este proceso se centra en saber si la productora infringió el derecho a la intimidad de Rocío Flores al difundir información de carácter reservado sobre su persona, vinculada a procedimientos judiciales cuando era menor de edad, y en el papel que Jugó Rocío Carrasco como tutora legal en la autorización del contenido. En el juicio, Rocío Flores ejerce la acusación, a través de su representación legal, y reclama una indemnización civil de un millón de euros por daños morales, además de subrayar un presunto ánimo de lucro por parte de la productora en la exposición pública de los hechos.
Por su parte, Rocío Carrasco comparece como testigo clave en defensa de la productora. La defensa de La Fábrica de la Tele sostiene que la difusión contó en todo momento con el consentimiento expreso de Carrasco como tutora legal de su hija cuando se produjeron los hechos. El tribunal deberá analizar si existió validez en ese consentimiento para difundir los documentos judiciales y si, en caso contrario, la productora incurrió en un delito de revelación de secretos agravado por la naturaleza de los datos revelados y su difusión masiva en televisión.
El caso confronta dos derechos fundamentales: el derecho a la información y el derecho a la intimidad, especialmente cuando están en juego los intereses de menores de edad. La Audiencia Provincial deberá decidir si la acción de la productora supone una vulneración del derecho fundamental a la intimidad de Rocío Flores y de otros menores protegidos por la ley, o si, por el contrario, la autorización de la madre y tutora en ese momento avala la difusión pública de la información. La resolución se perfila como relevante para delimitar los límites legales y éticos en la utilización mediática de datos personales vinculados a menores. El fallo, sea cual sea su sentido, podría sentar un precedente en materia de protección de menores y derechos en el entorno audiovisual español.
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