
El doctor François Lafon sólo quería volver a trabajar. Después de ser médico generalista durante 45 años, primero en una consulta privada y luego en un hospital, y después de realizar labores humanitarias y sociales, por fin se jubiló en 2020, a los 70 años. Pero tres años y medio después, decidió reincorporarse. Algo sencillo, humilde, que le permitiera ayudar a algunos pacientes y mantenerse activo. “Quería retomar una actividad de teleconsulta y ¿por qué no? hacer algunos reemplazos”, indica en una historia que ha revelado el medio especializado francés Le Quotidien du Medecin. Llevar a cabo este deseo, sin embargo, se convirtió en algo mucho más complicado de lo que había esperado.
En enero de 2024, con un contrato ya firmado con un centro de teleconsulta, solicitó a la Orden de Médicos de Francia la autorización para ejercer. Pero un mes después, el presidente de ese organismo le ordenó cesar sus actividades, incluso como médico de cabecera de sus allegados. “Me dijeron: tiene que someterse a una evaluación, lleva más de tres años de interrupción, presenta riesgos mayores de insuficiencia profesional”, recuerda en Le Quotidien du Medecin.
A continuación, la comisión de la Orden de Médicos estableció que, “durante el periodo de suspensión, el doctor Lafon deberá actualizar sus conocimientos y su práctica en medicina general y deberá seguir una actualización de 160 medias jornadas con un tutor acreditado”. “Me parece normal seguir una formación, pero mejor pedirla desde el principio, en vez de hacerme perder ocho meses, sin contar el tiempo que llevó luego encontrar un tutor”, señala el facultativo, ilustrando su desencanto ante la dilación y la comunicación fragmentada entre las instancias responsables.
Consciente de los avances en el manejo de enfermedades crónicas, el doctor admite que “muchas cosas han cambiado en el manejo de diabetes, hipertensión, patologías cardiovasculares…”, pero lamentó la imposibilidad de acceder a las capacitaciones de Desarrollo Profesional Continuo de Francia, al no estar vinculado a una consulta. Además, las formaciones DPC presentaban costes prohibitivos: “Entre 500 y 600 euros cada vez. No podía permitírmelo. ¡Y me lo reprocharon!”, protesta.
“Rechazan sistemáticamente a los médicos”
Ocho meses después, finalmente fue convocado para la tan esperada evaluación. Su experiencia durante dicho proceso resultó decepcionante. “Fue impresionante: eran muchos, y las preguntas muy académicas. El informe no refleja mi práctica”, explica, subrayando que se sintió evaluado bajo parámetros que poco tenían que ver con la medicina de atención primaria realizada en la vida cotidiana. “No me parece normal que me evalúen como si hubiera cometido una falta grave”, agrega Lafon, añadiendo que, según su investigación, “los expertos, sistemáticamente, rechazan a los médicos. No encontré ni un solo caso en que dijeran: ‘Sí, doctor, puede ejercer’”.
Con esta experiencia, el médico cuestiona abiertamente la lógica y la estructura del sistema de validación de competencias médicas tras una jubilación. Sugiere que “habría que hacerla en varios días, con estudios de caso, exámenes tipo test… algo representativo de la realidad médica”, en vez de una evaluación centrada únicamente en aspectos académicos distantes de la práctica clínica real. Él, en cualquier caso, señala que quiso “llegar hasta el final, para dar testimonio de toda la humillación que se siente al ser maltratado por los propios colegas”.
Con las 160 medias jornadas de formación finalmente completadas, el doctor Lafon se encuentra a la espera de la decisión definitiva por parte de la Orden Nacional de Médicos para retomar oficialmente su capacidad de ejercer.
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