Cómo Aldama, Santos Cerdán y Koldo se repartieron España para sacar ‘mordidas’: todo comenzó en una explotación minera entre Navarra y Aragón hace 10 años

Seguir la trama del caso Koldo requiere la misma paciencia que empezar a ver Juego de tronos. De hecho, existe toda una historia narrativa que nos desveló este jueves la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guadia Civil y que es susceptible de ser un buen guion para mandar a Netflix. La sinopsis sería algo así como: el número tres del partido que gobierna en España, un empresario, un asesor y un ministro se organizan para repartirse dinero procedente de comisiones de adjudicaciones de obras públicas, especialmente con Acciona. Cada uno tiene su zona de España en la que operar, pero un día la situación se tuerce cuando uno de ellos se mete en terreno que no debe.

Con la información proporcionada por la UCO al Tribunal Supremo daría para toda una temporada, pero habría muchas más: una para explicar el caso de la adquisición de mascarillas para organismos públicos, otra sobre el fraude a Hacienda con los hidrocarburos... Hasta ahora eran tres los protagonistas principales: Koldo García, Jose Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Ahora tenemos uno que sumar, el que parece ser que es el actor principal y al que la UCO ha definido como “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en presuntos pagos ilícitos tanto a Koldo como a Ábalos: Santos Cerdán.

Empecemos por el principio. La primera vez que oímos hablar del ya ex secretario de organización del PSOE en relación al caso Koldo fue el pasado 21 de abril, cuando Víctor de Aldama, por entonces en prisión preventiva por el fraude del IVA de las gasolineras, aseguró en su declaración ante el juez que él mismo le había dado a Cerdán un sobre con 15.000. Nada más y nada menos que en un bar enfrente de la sede del PSOE en Ferraz.

¿Y cuál era el motivo? Pues según Aldama, quería “contentarle” porque estaba enfadado. Aldama cometió el error al intervenir en una licitación para una constructora gallega cuando Cerdán pretendía que esa obra fuera para una de las empresas de su denominado “cupo”. “El cupo vasco es de Santos. No nos metamos en su terreno”, dijo el empresario en la Audiencia Nacional. Una frase que chocó y que ya podía suponer una pista de hasta que punto el socialista podría estar implicado. El norte de España sería de Santos Cerdán. Pero en ese momento se negó y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le creyó. De hecho, lo hacía hasta este jueves por la mañana, poco antes de que todo explotara.

El documento de la UCO, al que ha tenido acceso Infoba España, muestra que el origen de las investigaciones se remonta a 2015, cuando la UCO observó una relación estrecha entre Koldo y Santos Cerdán. La trama comenzó a gestarse alrededor de una explotación minera de potasa en Navarra y Aragón, vinculada a la empresa Geoalcali, que contrató los servicios de Acciona en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Servinabar, otra empresa registrada en las pesquisas. La UCO identificó que la relación entre estas empresas y los actores políticos fue fundamental para el amaño de adjudicaciones en obras públicas.

“Es necesario reseñar que dicha sociedad contrató los servicios de Acciona en UTE27 con otra pequeña mercantil de nombre Servinavar 2000. El valor añadido que esta mercantil pudiera aportar a la UTE con Acciona, adquiriría sentido por la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas”, apunta el informe de la UCO.

Con el paso del tiempo, Koldo, que inicialmente estuvo subordinado a Cerdán, pasó a tener un papel más dominante, especialmente tras su ascenso a posiciones de influencia dentro del Ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos. Fue el propio Cerdán el que introdujo a Koldo en el entorno del ministro, primero como su chófer y lego como su asesor personal

La Guardia Civil detalla cómo Koldo utilizaba su relación con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y Javier Herrero, director general de Carreteras, para asegurar contratos favorables para Acciona. En una conversación interceptada de 2020, se evidenció cómo García, en contacto con Pardo de Vera, negociaba la adjudicación de una obra valorada en 700.000 euros.

La UCO también ha documentado varias conversaciones donde Koldo y Cerdán discuten el dinero proveniente de las adjudicaciones irregulares. En una charla de 2020, Koldo explicó que Ábalos, ministro de Transportes, había recibido 550.000 euros por dos adjudicaciones en Murcia, aunque aún quedaban 450.000 euros por abonar. Además, Koldo presionaba a Cerdán para conseguir que se realizaran los pagos y obtener nuevas adjudicaciones.

En una conversación intervenida, Koldo llegó a decirle a Cerdán: “Voy a ir a por todo, voy a pedir todo”, demostrando la magnitud de la operación. En otra charla, Koldo encomina a Ábalos a conseguir que Cerdán le “reciba cinco minutos”. “Y te consigo 450.000 euros. Necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar (Puente, según la UCO) le escucha. Conseguimos dos putas obras y que le follen”, indicó.

Además de los contratos amañados, la UCO ha destacado que Santos Cerdan también intentaba influir en los nombramientos de altos cargos del Ministerio de Transportes. En 2020, solicitó a Koldo información sobre cómo se decidían los ascensos y ceses en el Ministerio, mostrando un claro interés en sustituir a ciertos funcionarios que no favorecían sus intereses, como Pedro Saura, y ascender a personas clave en la trama, como Pardo de Vera y Herrero.

Con el tiempo, el poder de Koldo y Ábalos comenzó a decaer, y con ello, la trama fue perdiendo fuerza. En enero de 2021, Cerdán expresó su preocupación por las actividades de Koldo, quien aparentemente estaba pidiendo dinero a empresas a cambio de contratos. A medida que la presión aumentaba, Koldo y Ábalos fueron cesados, lo que permitió el ascenso de Santos dentro del Partido Socialista.

En diciembre de 2023, Koldo mostró su frustración por ser “dejado en una esquina como una colilla”, a pesar de los favores que supuestamente había hecho a figuras clave dentro del partido. Este último reproche evidenció la caída de su influencia en el ministerio y el fin de la operativa que durante años habría beneficiado a Acciona y a varios empresarios.