La pesca ilegal no solo daña los océanos: “Hay casos de esclavitud, tripulantes con jornadas de 20 horas que pasan dos años sin tocar tierra”

Miles de toneladas de pescado desaparecen cada año de los océanos sin dejar rastro debido a la pesca ilegal, una práctica que no solo amenaza la sostenibilidad de las especies marinas, sino que pone en jaque la seguridad alimentaria global. El daño económico que genera también es significativo al superar los 20.000 millones de euros, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Y aunque España es un país que cuenta con un sistema de control pesquero sólido, “sigue habiendo deficiencias e irregularidades”, señalan desde la ONG Oceana con motivo del Día Internacional de la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, que se celebra cada 5 junio.

La pesca ilegal, que abarca prácticas como capturar especies sin contar con los permisos correspondientes, utilizar técnicas prohibidas, no estar inscrito o registrado correctamente ante las autoridades o no declarar la captura, ocurre especialmente en alta mar, “donde no hay ningún tipo de control ni gestión, y suele estar relacionada con embarcaciones que pasan varios meses en el océano”, explica a Infobae Ignacio Fresco Vanzini, miembro de Oceana. En la flota española, añade, las irregularidades se dan principalmente en embarcaciones que no declaran alguna captura o que utilizan redes de un tamaño de malla que impide escapar a los peces pequeños, pero “el país cuenta con uno de los mejores sistemas de control pesquero y, cuando se detectan esas irregularidades, se sancionan”.

Es en esas zonas de alta mar alejadas de la costa, fuera del alcance inmediato de las diferentes autoridades de los países, donde muchas tripulaciones sufren abusos laborales e incluso, aún a día de hoy, “se dan situaciones de esclavitud”.

“Los casos más numerosos [de explotación laboral] se han reportado en embarcaciones chinas y de Taiwán, cuyas tripulaciones proceden, sobre todo, de Indonesia. A estas personas les ofrecen trabajos y condiciones que después no se ajustan a la realidad y pueden estar dos o tres años en el mar sin tocar tierra", indica el experto de Oceana en lucha contra la pesca ilegal, que señala que en otros casos los tripulantes se ven obligados a hacer jornadas de “20 horas sin ningún tipo de salubridad”. En muchas ocasiones los patrones de esos barcos asiáticos confiscan los pasaportes a los tripulantes y les prohíben comunicarse con sus familias, por lo que su aislamiento es extremo.

La falta de supervisión en aguas internacionales facilita que embarcaciones sin registro, y a menudo equipadas con tecnología avanzada, extraigan recursos de manera indiscriminada, mientras que el mercado internacional sigue demandando productos pesqueros a bajo costo, lo que incentiva la pesca ilegal. A nivel global, se estima que entre un 20 y un 30% del pescado proviene de estas prácticas delictivas.

No obstante, advierten desde Oceana, “lo que de verdad está generando la gran crisis de biodiversidad en los océanos es la sobrepesca”, y las prácticas ilegales son factores que contribuyen a ella.

Para combatir la pesca ilegal, explica la ONG, se necesita tanto un control más estricto en el mar como más vigilancia en los mercados. El fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad permite identificar el origen del pescado y detectar productos obtenidos de manera ilícita, al tiempo que la utilización de sistemas de monitoreo satelital y la cooperación entre países resultan esenciales para fiscalizar la actividad de los barcos en aguas nacionales e internacionales.

Y aunque España dispone de uno de los sistemas de control más desarrollados de Europa en materia pesquera dentro de sus fronteras marítimas, desde Oceana también reclaman al Gobierno “un mayor control con sus empresas en terceros países”. En lugar de tener embarcaciones españolas operando en aguas internacionales, añade, “las compran directamente en países como Senegal y son, por tanto, las autoridades senegalesas las que lo controlan, pero no disponen de los recursos necesarios” para evitar la pesca ilegal.

El pasado mes de mayo esta organización dedicada a la protección y restauración de los océanos pidió al Congreso de los Diputados que aumente la presión sobre el Gobierno para que España proteja de forma estricta el 10% de su superficie marina (actualmente ronda apenas el 0,1 %). La ONG recordó que para cumplir con los objetivos europeos de conservación, el país tiene que llegar a ese 10% de protección estricta para 2030, y apeló a usar el conocimiento científico para blindar áreas con ecosistemas sensibles, según informa la agencia Efe.

Representantes de la organización presentaron a los diputados una propuesta para proteger de forma estricta un total de 59 espacios del Mediterráneo español, seleccionados según su diversidad de especies o hábitats, su vulnerabilidad o los servicios ecosistémicos que proporciona. Esto supondría proteger aproximadamente 13.500 kilómetros cuadrados, más del 5% del Mediterráneo en España, con zonas que principalmente se encuentran en aguas de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia.