Condenan al exdirector de una empresa por malversación: se extendió a sí mismo un cheque de 90.000 euros y se gastó otros 80.000 euros en compras personales

Un antiguo responsable de gestión de una empresa del norte de la provincia de Haute-Vienne, al suroeste de Francia, ha sido declarado culpable de abuso de confianza y malversación de fondos tras apropiarse durante años de sumas considerables de dinero pertenecientes a la sociedad que administraba.

Los hechos comenzaron en febrero de 2022, pero ha salido ahora a la luz después de una investigación exhaustiva a las cuentas de la empresa. Estas pesquisas desvelaron que se produjeron operaciones sospechosas que se remontan al menos a 2016. El tribunal le ha impuesto una multa de 5.000 euros con suspensión de la pena y ha prohibido que dirija una empresa durante los próximos cinco años.

El escándalo se ha hecho público poco después de que la empresa entrara en quiebra y el empleado fuera despedido. Apenas tres días después de su salida, concretamente el 2 de febrero, el ex empleado extendió un cheque de 90.000 euros a su propio nombre, utilizando el talonario de la compañía. El gerente de la compañía detectó rápidamente el movimiento financiero y acudió a la policía para presentar una denuncia formal. Aunque la cifra inicial robada parecía limitarse al importe del cheque, la investigación posterior sacó a la luz un fraude todavía más largo.

Tal y como ha publicado el periódico regional Le Populaire du Centre, al analizar los extractos bancarios y las cuentas, los directivos descubrieron compras y retiradas de efectivo vinculadas a la tarjeta bancaria de la empresa, de la que el acusado era el único usuario. Las operaciones dudosas sumaban casi 84.000 euros en compras realizadas durante seis años, entre 2016 y 2022. El acusado gastó el dinero de la empresa en productos personales, tales como zapatos para su esposa, gasolina, alcohol o herramientas, además de financiar reparaciones de vehículos pertenecientes a familiares directos, incluida su hija.

Los investigadores hallaron en el domicilio del sospechoso varios bienes adquiridos con los fondos de la compañía, entre ellos una mini excavadora, un remolque y un automóvil. Ante el tribunal, el acusado defendió que muchas de estas compras eran necesarias para el funcionamiento de la empresa o que contaba con el visto bueno de su superior. Aseguró, por ejemplo, que la mini excavadora la adquirió con el objetivo de realizar trabajos de movimiento de tierra para la empresa, y afirmó haber pagado una parte de su bolsillo antes de transferirla a la entidad. Respecto al remolque, alegó que lo consideraba suyo porque lo utilizó únicamente para tareas relacionadas con la maquinaria de la compañía.

Asimismo, durante su declaración, sostuvo que en el caso de los gastos cargados a la tarjeta, reembolsaba esos importes en efectivo directamente a la cuenta de la empresa, siguiendo un supuesto acuerdo informal que también facilitaba al gerente reclamar el IVA de las operaciones ante el fisco. Además, justificó su actuación diciendo que, durante periodos previos de dificultad financiera, incluso recurrió a préstamos personales para mantener la empresa a flote, y que entre 2011 y 2013 no recibió sueldo alguno por su trabajo. “El ladrón soy yo, pero hubo años en los que ni siquiera me pagaron”, manifestó ante los jueces.

La versión del ex empleado contrasta de forma rotunda con la expuesta por el propietario de la empresa, que afirmó haber sido traicionado por alguien en quien depositaba su total confianza. Según el testimonio del gerente, ambos mantenían una relación de amistad e incluso consideraron asociarse en el pasado, pero ahora acusa al ex empleado de haber abusado de su posición.

Relató que la empresa se hacía cargó tanto de los gastos de desplazamiento del acusado como de otros pagos habituales, y que la suma final malversada supera con creces el valor detectado inicialmente gracias al cheque: el dueño calcula que las pérdidas totales llegan a 180.000 euros, una cantidad que ha puesto en un delicado equilibrio la viabilidad de la compañía.

En el tribunal, la defensa insistió en que tanto el agente judicial nombrado tras la quiebra como el censor jurado de cuentas no encontraron irregularidades que demostraran una mala gestión durante el periodo investigado. No obstante, los jueves determinaron que los elementos presentados resultaban suficientes para considerar probado el abuso de confianza, así como la malversación continuada de fondos.

La sentencia contempla una multa con suspensión de la pena y la prohibición de ejercer cargos de responsabilidad empresarial durante cinco años. Queda pendiente la cuantificación exacta de los daños, que se dirimirá por la vía civil tras la solicitud del abogado del gerente afectado.