82 kilos de precursores, 100 metros de mecha y 200 detonadores: la Guardia Civil detiene a un hombre por fabricación ilegal de explosivos

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Pebels”, ha detenido a una persona en la localidad de Puebla de Vícar (Almería) por la fabricación ilegal de explosivos. En la operación han sido intervenidos 82 kilos de precursores de explosivos, 69kg de otras sustancias químicas también empleadas para su fabricación ilegal, 100 metros de mecha, 200 cerillas eléctricas (detonadores) y 28 artificios artesanales que estaban almacenados en el garaje del domicilio del detenido y que carecía de las medidas de seguridad para ello.

Según informan desde este cuerpo, las sustancias químicas y precursoras de explosivos iban destinadas a la elaboración ilegal de mezclas explosivas, pirotécnicas o incendiarias y que posteriormente eran empleadas para fabricar artefactos y artificios explosivos o pirotécnicos caseros.

Esta investigación tuvo su origen en otra operación anterior desarrollada esta vez en la provincia de Sevilla, donde se detuvo a otra persona por hechos similares. Gracias a ello, los agentes constataron que el actual detenido había realizado compras en países del Este de Europa de sustancias precursoras tales como clorato potásico y perclorato potásico, cuya adquisición está prohibida a particulares en la Unión Europea.

“Esta actuación se trata de una de las mayores incautaciones de precursores de explosivos realizada hasta el momento en nuestro país por la Guardia Civil, junto con la realizada en marzo de 2023 en Montmajor (Barcelona), donde se desarticuló un taller clandestino de fabricación de explosivos, en el que se intervinieron casi 500 kg de sustancias químicas y precursoras de explosivos”, explican desde la Guardia Civil.

Los precursores de explosivos son sustancias químicas que, a partir de determinadas concentraciones y mezcladas entre sí o con otros productos son susceptibles de utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos, por lo que su comercio, adquisición, tenencia y uso están rigurosamente controlados para evitar su desvío a fines ilícitos, violentos o terroristas.

Para su legal adquisición en nuestro país es necesario contar previamente con una licencia que otorga el Ministerio del Interior a través del CITCO, que es el Punto de Contacto Nacional en materia de precursores y con el que la Guardia Civil trabaja estrechamente en esta materia. Este exhaustivo control hace que personas, como el ahora detenido, traten de adquirir estos precursores en otros países fuera de la Unión Europea.

Esta licencia, que se concede por un período de un año, establece las sustancias que pueden ser compradas, las cantidades permitidas y su uso. Para obtenerla, los interesados deben presentar una solicitud ante el Ministerio del Interior, aportando información detallada sobre el uso que se dará al precursor y sobre el lugar donde se almacenará.

La obtención de la licencia se somete a un escrutinio riguroso, y en algunos casos, se deniegan las solicitudes de nuevos permisos para ciertos precursores peligrosos, como el clorato potásico. Por otro lado, los operadores económicos, como empresas y profesionales que venden estos productos, están obligados a verificar la identidad y la legalidad de los compradores y deben registrar cada transacción y conservar los documentos relacionados durante un periodo de al menos 18 meses.

Para los operadores económicos, la normativa también implica la obligación de realizar controles adicionales. Desde octubre de 2023, deben asegurarse de que los compradores de precursores de explosivos estén debidamente autorizados y cumplir con las normativas de seguridad que prevén la trazabilidad de las transacciones. El incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a sanciones tanto para los individuos que intenten adquirir precursores de manera ilegal como para los comercios que no cumplan con los requisitos establecidos.