Decenas de personas se han concentrado este domingo en la Plaza Juan Goytisolo en recuerdo de las 7.291 personas fallecidas en las residencias de Madrid durante la pandemia del covid-19. Convocados por las organizaciones 7.291 Verdad y Justicia y Pladigmare, los familiares de los residentes han clamado contra los “protocolos de la vergüenza” de la Comunidad de Madrid, que impidieron el traslado de los ancianos contagiados a los hospitales; y han pedido la apertura de una comisión de investigación para “saber lo que pasó y para sacar lecciones” de lo ocurrido.
Los asistentes han reclamado tanto al Gobierno central como al Ejecutivo regional y al Partido Popular la reapertura de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, solicitando la inclusión de familiares y trabajadoras de residencias en el proceso. La demanda principal, cinco años después de la pandemia, es esclarecer el impacto de la “decisión política” del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que acordó “que las personas que vivían en residencias y eran dependientes o sufrían deterioro cognitivo se quedasen sin asistencia sanitaria”.
María Jesús Valero, representante de 7.291 Verdad y Justicia, explicó antes del acto que el homenaje se dirigía a las 7.291 personas fallecidas “de una manera indigna y cruel” como consecuencia de decisiones políticas que, a su juicio, las condujeron directamente a la muerte.
Al acto han asistido el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Sanidad y exdiputada de la Asamblea de Madrid, Mónica García, que ha reclamado “responsabilidades políticas” a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su exconsejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero. “Estas familias hayan estado nada más y nada menos que cinco años peleando para que se conozca la verdad, para que se conozca por qué a sus familiares no se les derivó a Ifema, no se les medicalizó, no se les cuidó, no se les atendió”, ha recordado la ministra.
Dos juzgados investigan los “protocolos de la vergüenza”
La apertura de nuevas causas judiciales contra ex altos cargos del Gobierno regional, ha renovado la esperanza entre los familiares de quienes murieron en residencias de mayores durante la primera ola de la covid en la Comunidad de Madrid.
En los últimos días, un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos sanitarios que impidieron derivar a los ancianos residentes a hospitales entre los meses de marzo y abril de 2020; así como al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Las pesquisas se unen a las iniciadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, donde Mur y Martínez fueron citados como investigados el pasado 26 de mayo.
“A pesar de los 5 años transcurridos, los familiares siguen esperanzados de alcanzar la justicia y reparación por la que vienen luchando”, han reafirmado las organizaciones convocantes en un comunicado conjunto.
“No hablamos desde el rencor, sino desde la necesidad de memoria, justicia y acción”, han añadido desde Pladigmare. La asociación ha insistido en que “el tiempo no borra el daño cuando no hay reparación, y el silencio institucional no cura: solo alimenta el olvido y perpetúa el maltrato”.
Recuerdo a las víctimas de la DANA: “Su modus operandi es el mismo”
Durante el homenaje, los asistentes recordaron a las 235 víctimas que dejó la DANA el pasado 29 de octubre en Valencia, Letur (Albacete) y Andalucía; y han lanzado críticas al gobierno de Carlos Mazón, que decidió “no enviar la señal de alarma cuando la catástrofe llegaba a los pueblos”.
Para Verdad y Justicia, el gobierno madrileño y el valenciano siguieron el mismo ‘modus operandi’: “Deshumanizar a las víctimas, insultar a sus familiares, no muestran arrepentimiento, no asumen responsabilidades”, han afirmado en un comunicado.
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