Bomberos de Madrid piden al Ayuntamiento que suspenda el protocolo que les obliga a intervenir en los desahucios: “Nuestra función es otra”

No es la primera vez que los bomberos de Madrid muestran su desacuerdo en participar en desahucios, al considerar que no forma parte de sus funciones, pero ahora han decidido dar un paso más allá. Por ello, este miércoles un grupo de bomberos ha entregado una solicitud formal a la vicealcaldesa y responsable del área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital, Inma Sanz, para exigir la suspensión del protocolo que obliga a este cuerpo a intervenir en procedimientos de desahucios, una medida que se aprobó el pasado mes de marzo.

Se trata de una tarea que ”excede el marco competencial atribuido al colectivo, cuya labor está legalmente definida como la extinción de incendios y el salvamento de personas y bienes en todos aquellos siniestros que se produzcan dentro del término municipal”, tal y como establece el Reglamento del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, indican en un comunicado la plataforma Bomberxs contra los Desahucios y la sección sindical de CCOO.

Los profesionales defienden que su intervención solo debería activarse en situaciones de emergencia que impliquen riesgos para las personas o los bienes e insisten en que el involucramiento en desalojos “es incompatible” con sus funciones. Recuerdan que su papel no debe centrarse en acciones que puedan implicar la ejecución de desahucios sin condiciones de emergencia establecidas.

“La mera colaboración en la ejecución de desahucios, detenciones de activistas o la apertura de viviendas sin una causa de emergencia real no forma parte de nuestras funciones legales ni operativas”, añaden.

Cabe recordar que la plataforma Bomberxs contra los Desahucios se creó en enero de este año a nivel estatal y ya entonces recordaban que los desalojos “no forman parte de su cartera de servicios”, pero que se les requería como profesionales “con la excusa de que hay personas en peligro o que amenazan con lanzarse al vacío si [las autoridades] entran en su casa, cuando en realidad no es así”.

“No se trata de personas con una crisis suicida o problemas de salud mental, sino que están en una situación desesperada porque les van a echar de su casa y las instituciones no les han ofrecido una alternativa habitacional, no les han ayudado en nada. El problema no es que haya personas sujetas a una cuerda, porque son activistas preparados y no están en peligro, pero es la excusa que [la Policía] utiliza para llamarnos a nosotros, porque en cierta manera legitima también la actuación”, explicó en una entrevista con Infobae España Mario Aspano, bombero del Ayuntamiento de Barcelona y portavoz de la plataforma.

Aspano también explicó que los bomberos “no están obligados a seguir las órdenes de la Policía” en un desahucio, ya que a quien deben responder es a su mando superior inmediato.

El número total de lanzamientos practicados en 2024 fue de 27.564, un 3,4% más que el año anterior, según se desprende de un informe publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 74,6% de los desahucios, 20.558, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.073 (18,4%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.933 restantes obedecieron a otras causas.