Un abogado explica que aunque un inquilino no pague el alquiler, se puede quedar en la vivienda “si es vulnerable”

Desde marzo de 2020, una medida establecida por el Gobierno español permite que los inquilinos considerados vulnerables puedan permanecer en sus viviendas aunque no paguen el alquiler, independientemente de la situación económica del propietario. Así lo ha explicado un abogado (conocido en redes como legalmente.rrss) en un vídeo subido a su perfil de TikTok. Ha aclarado que esta norma, vigente desde el inicio de la pandemia, continúa en vigor y probablemente se extienda hasta 2026 o 2027.

Según el letrado, “aunque el inquilino no pague el alquiler, se puede quedar en la vivienda si es vulnerable. Y no, no depende de si el propietario está teniendo problemas para pagar la hipoteca o para pagar las derramas, o si necesita la vivienda. Eso no importa”. Esta afirmación desmiente algunas interpretaciones difundidas en redes sociales que sugieren que esta protección es una novedad o que está condicionada por las circunstancias del arrendador.

La medida, que se instauró con carácter urgente el 31 de marzo de 2020, forma parte de una suspensión de los desahucios para las familias en situación de vulnerabilidad social. Desde entonces, el Ejecutivo ha prorrogado esta suspensión en varias ocasiones, con la última extensión oficial hasta el 31 de diciembre de 2025. La intención del Gobierno es seguir manteniendo esta protección ante la persistencia de la crisis económica derivada de la pandemia y otros factores que afectan a los colectivos más desfavorecidos.

El experto hace hincapié en que esta suspensión no está sujeta a criterios económicos del propietario ni a sus necesidades particulares: “No es una cuestión que dependa de si el propietario tiene problemas para afrontar pagos de hipoteca o derramas, ni tampoco si el propietario necesita la vivienda para su uso personal. El foco está en la vulnerabilidad del inquilino”. De este modo, la ley prioriza la protección social de las personas en riesgo de exclusión residencial sobre las reclamaciones patrimoniales de los arrendadores.

La definición de “vulnerabilidad” para poder acogerse a esta medida está regulada y suele basarse en criterios económicos y sociales. Generalmente, se considera vulnerable a aquellas personas o unidades familiares con ingresos inferiores a ciertos umbrales, que no pueden hacer frente a los pagos de alquiler sin comprometer sus necesidades básicas. Además, se tienen en cuenta situaciones especiales como el desempleo, la discapacidad, familias monoparentales o víctimas de violencia de género.

La suspensión de desahucios para inquilinos vulnerables ha sido objeto de debate en distintos sectores. Los propietarios argumentan que esta medida limita sus derechos sobre la propiedad y puede generar dificultades financieras. Por su parte, organizaciones sociales y expertos en vivienda defienden que es una herramienta necesaria para evitar el aumento de la pobreza y la exclusión residencial en un contexto económico complejo.

En paralelo, el Gobierno ha impulsado ayudas y líneas de financiación para propietarios e inquilinos afectados, con el fin de facilitar el pago de rentas atrasadas y aliviar la presión económica en ambos lados del contrato de alquiler. Sin embargo, la medida de suspensión de desahucios se mantiene como un mecanismo excepcional para proteger a las familias más vulnerables.