Cuando el Ingreso Mínimo Vital se transforma en una deuda de 12.000 euros: “Pasé meses sin salir de casa, solo quería llorar y quedarme en la cama”

Laura González nunca pensó que cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica dirigida a prevenir la pobreza y exclusión social, le iba a generar tantos problemas. Sin trabajo y con dos hijos menores, en junio de 2020, en plena pandemia, la Seguridad Social le informó de que le correspondía cobrar el IMV y percibió la prestación durante algo más de dos años. Sin embargo, en septiembre de 2023, le llegó una notificación inesperada: debía devolver 12.000 euros por “cobros indebidos”. La mujer asegura que notificó cada cambio, cuando por ejemplo desempeñó algún trabajo de varios días de duración, y al no exceder la cuantía, en todo momento le comunicaron que era compatible con la ayuda, por lo que a día de hoy sigue sin entender por qué le reclaman esa deuda.

“Si me salía un trabajo de unos días, siempre lo notificaba. He aportado todos los papeles que me iba pidiendo la Seguridad Social, que nunca me dijo que hubiera problemas. Ni siquiera fui yo quien solicitó el Ingreso Mínimo Vital, por eso no entiendo cómo después de estar más de dos años cobrando la ayuda, te piden devolverla”, dice indignada esta beneficiaria a Infobae España. “No tiene ninguna lógica”, sostiene Laura, quien no dudó en acudir a un abogado e interponer una reclamación administrativa. Ella mantiene que el error lo ha cometido la Seguridad Social “por hacer mal los cálculos” de la prestación, y asegura que “las cuentas de la renta no cuadran con las que ellos dicen”.

Por si fuera poco, añade, al cabo de unos meses, y aún pendiente de saldar esa deuda por “cobros indebidos”, recibió en su cuenta bancaria un ingreso de 3.000 euros en concepto de Ingreso Mínimo Vital y, aunque volvió a recordar a la Seguridad Social su situación, desde la administración “insistieron en que era una cantidad que le correspondía”. “No podía entender cómo al mismo tiempo me pedían, por un lado, devolver 12.000 euros y, por otro, me concedían de golpe otros 3.000. Cuando acudí a una oficina de la Seguridad Social, me recomendaron que guardara esa cantidad porque seguramente me la iban a reclamar después. Es todo un disparate”, resume.

La situación llegó a ser tan desesperante para Laura que finalmente decidió rechazar toda ayuda económica de la administración y asegura que desde el año pasado “no cobra nada”. “Como me decían que el Ingreso Mínimo Vital me seguía correspondiendo, no quería verme en la misma situación dentro de un par de años y tener que pagar otra deuda” por esos supuestos cobros indebidos.

Impacto en la salud mental

Todo este proceso ha tenido un impacto significativo en su salud mental, pues ha sufrido tanto ataques de ansiedad como depresión, explica a este periódico. “Estuve cinco meses en mi casa sin salir, solo quería llorar y quedarme en la cama”, recuerda, si bien asegura que tras acudir al psiquiatra y recibir tratamiento “se encuentra mucho mejor”. “Aún hay días en los que digo ‘tierra, trágame’, pero voy mejorando y ahora también me he apuntado a hacer un curso que me está sirviendo de mucha ayuda”. Laura, no obstante, cuenta que incluso llegó a perder un trabajo, porque “de cara al público no podía acudir en esas condiciones”

Al igual que Laura, desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020, miles de personas han denunciado que La Seguridad Social ha aplicado criterios erróneos o directamente absurdos a la hora de calcular sus prestaciones mensuales. Algunos de los ejemplos más comunes de errores incluyen la consideración de ingresos pasados ya inexistentes, ya que el sistema informático del INSS suele calcular el IMV en función de los ingresos del año anterior, aunque la situación del solicitante haya cambiado radicalmente, lo cual provoca que personas sin ingresos actuales reciban menos de lo que les correspondería o directamente sean excluidas de la prestación. Otras veces la administración mantiene como miembros de la unidad de convivencia a hijos mayores que ya no residen con el solicitante, alterando el umbral de renta y el importe final, porque aunque el padrón esté actualizado, el cruce de datos no siempre se refleja en el expediente.

En otras ocasiones también se producen retenciones retroactivas sin aviso ni desglose, de forma que los perceptores ven reducida la ayuda sin que detalle por qué ha sido, impidiendo que la persona afectada pueda presentar alegaciones fundadas.

La Seguridad Social ha reclamado deudas por valor de 500 millones

Los requerimientos para devolver el IMV han agudizado los problemas que ya venían arrastrando muchas de estas personas en situación de vulnerabilidad, tal y como ha recordado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha llegado a reclamar que esos hogares sin recursos no tengan que devolver la prestación cuando se haya percibido de forma indebida y siempre que quede acreditada la buena fe de los beneficiarios o el error sea de la Administración.

Cabe recordar que el Gobierno puso en marcha esta prestación en 2020 con el objetivo de prevenir la pobreza y la exclusión social, y a lo largo de estos años -hasta marzo de este 2025- ha llegado a un total de 703.479 hogares en los que viven 2.145.006 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con una cuantía media de 508 euros al mes por hogar.

La Seguridad Social ya ha reclamado deudas del IMV por valor de 500 millones de euros desde su puesta en marcha y hasta el pasado mes de julio.