Un caso de okupación en Poitiers, Francia, ha generado indignación y debate sobre las responsabilidades legales de los propietarios frente a los ocupantes ilegales. Según ha informado Le Figaro, un hombre de 95 años, propietario de una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados, se enfrenta ahora a unas facturas impagadas por consumo de agua tras más de un año de okupación por parte de una pareja. A pesar de que los ocupantes abandonaron la propiedad en febrero de 2025, el propietario ahora debe lidiar con los daños materiales y una factura exorbitante que, según la legislación vigente, recae sobre él. La cifra: 17.364,16 euros.
El caso comenzó en octubre de 2023, cuando la alcaldesa de Poitiers notificó al propietario que su vivienda había sido okupada por una pareja. La casa, que estaba destinada a ser renovada para su alquiler, fue tomada sin autorización. Los hijos del propietario, siguiendo las recomendaciones del municipio, solicitaron a la policía el desalojo de los ocupantes, amparándose en la ley anti-okupas de Francia. Sin embargo, en septiembre de 2024, la justicia rechazó la solicitud, argumentando que no se había demostrado que la entrada y permanencia en la vivienda se hubieran realizado mediante coacción, amenazas o violencia.
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La decisión generó controversia, especialmente porque uno de los ocupantes había admitido haber forzado la puerta del garaje para acceder a la vivienda, según Le Figaro. Además, la alcaldía amenazó con declarar la vivienda inhabitable debido a su estado de insalubridad, lo que complicó aún más la situación.
El abogado del propietario calificó la situación como “insostenible” y criticó la falta de coherencia entre las autoridades. Finalmente, el 19 de febrero de 2025, los ocupantes abandonaron la vivienda tras la intervención del notario y el abogado. Sin embargo, al recuperar la propiedad, el propietario encontró la casa en condiciones “deplorables”, según ha declarado su abogado, con fregaderos arrancados y una fuga de agua que generó una factura mensual promedio de casi 1.100 euros, sumando en total esos más de 17.000 euros.
“Esquizofrenia administrativa”
Por ello, el problema no ha terminado con la salida de los ocupantes. Según detalló Le Figaro, la comunidad urbana de Grand Poitiers, responsable del suministro de agua, se negó a reembolsar la factura de 17.364,16 euros, argumentando que la ley establece que el propietario es responsable de los costes asociados al consumo de agua, incluso en casos de okupación.
El abogado del propietario señaló que, a diferencia del suministro eléctrico, el contador de agua generalmente permanece a nombre del propietario, lo que lo hace responsable de las facturas. Además, la legislación francesa prohíbe cortar el suministro de agua en una residencia principal, incluso si los ocupantes no son legales, para garantizar el acceso a lo mínimo vital.
Sin embargo, según el abogado, la ley marca que la comunidad urbana se compromete a asumir el pago de las facturas de agua en casos de okupación ilegal, siempre que el suministro no haya sido interrumpido. Pero en este caso se negó a reembolsar al propietario, lo que llevó al abogado a calificar la situación como “esquizofrenia administrativa”. “Se niegan a asumir las consecuencias de su propia política”, ha añadido.