Reclamar los gastos de la hipoteca se ha convertido en una decisión muy habitual para miles de propietarios en España que firmaron sus préstamos antes de que el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales empezaran a declarar abusivas determinadas cláusulas impuestas por las entidades financieras. Aunque puede ser un proceso burocrático largo, recuperar parte del dinero invertido al formalizar la hipoteca es una posibilidad real en muchos casos.
Al contratar una hipoteca, los prestatarios suelen asumir una serie de costes añadidos: los aranceles notariales, los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad, la factura de la gestoría y el coste de la tasación del inmueble. Durante años, las entidades bancarias trasladaron el grueso de estas obligaciones al cliente. Sin embargo, una sucesión de fallos judiciales, entre ellos varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, modificó el criterio y abrió la puerta a miles de reclamaciones en todo el país.
Cláusulas abusivas, documentación y plazos: claves para reclamar
Según explican desde el despacho Amagna Legal, la clave para reclamar reside en que estos gastos fueron impuestos de manera unilateral, sin posibilidad de negociación, lo que convirtió muchas de estas cláusulas en abusivas. Esto permite que los consumidores puedan solicitar la devolución de al menos parte de lo pagado, en función de la documentación disponible y de los plazos aplicables.
Los principales costes que se pueden recuperar son los de registro, notaría, gestoría y tasación, siempre que se justifique que fueron abonados por el cliente en el momento de la firma de la hipoteca. Es imprescindible contar con las facturas y los justificantes de pago, aunque algunos tribunales han permitido iniciar el procedimiento incluso si falta parte de la documentación, siempre que pueda acreditarse de otro modo que el consumidor se hizo cargo de esos costes.
Tienen derecho a reclamar quienes firmaron una hipoteca con cláusulas de gastos consideradas abusivas. La antigüedad del préstamo es un factor a tener en cuenta, ya que los plazos para reclamar pueden variar según la interpretación judicial, pero en general se aplica un periodo de prescripción de cinco años desde que el consumidor tuvo conocimiento de la posibilidad de reclamar o desde la última sentencia que reconoce el derecho a hacerlo.
Cuánto se puede recuperar y qué riesgos implica iniciar el proceso
El dinero que se puede recuperar varía según cada caso. En hipotecas con gastos de formalización elevados, la devolución puede ascender a varios cientos o incluso miles de euros. Un préstamo con gastos iniciales por valor de 3.000 euros podría suponer, tras una reclamación exitosa, la recuperación de una cantidad cercana a la mitad de esa suma, especialmente si se pagaron los costes de notaría y registro.
Y aun así, no todas las reclamaciones acaban siendo favorables. Algunos procedimientos se estancan por la falta de pruebas, mientras que otros no prosperan porque las condiciones del préstamo no encajan con los criterios establecidos por las sentencias. Además, no todos los gastos pueden recuperarse en su totalidad: por ejemplo, el coste de tasación suele generar más controversia en los tribunales y puede depender del momento en que se firmó la hipoteca o de si el informe fue solicitado directamente por el cliente.
El proceso comienza con una reclamación extrajudicial ante el banco, donde se detalla la solicitud de devolución junto con los documentos acreditativos. La entidad tiene un plazo de dos meses para responder. Si se niega a reembolsar los gastos o no contesta, el siguiente paso sería acudir a los tribunales. En este punto, resulta recomendable contar con asesoramiento legal especializado, tanto para evaluar la viabilidad del caso como para dirigir adecuadamente la demanda.
Los costes de la vía judicial pueden ser asumidos por la parte demandada si el fallo es favorable al consumidor, algo que ha ocurrido con frecuencia en este tipo de juicios. Iniciar un proceso de este tipo requiere tiempo y paciencia, por lo que es conveniente valorar si la cuantía a recuperar justifica el esfuerzo.