La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA ha desestimado la solicitud presentada por la acusación popular, ejercida por la asociación Liberum, que pedía esclarecer por qué no se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, dependiente del Gobierno central. En una resolución notificada este miércoles, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha rechazado que se oficie al Ejecutivo central en ese sentido, apuntando además a la “manifiesta pasividad” del Gobierno autonómico.
En su auto, la magistrada argumenta que el análisis sobre la convocatoria de dicho órgano “queda extramuros completamente del procedimiento penal” que se instruye actualmente y que “carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones” ocurridos el 29 de octubre de 2024.
Asimismo, la jueza sostiene que “carece de competencia” para valorar si el presidente del Gobierno debió convocar el mencionado consejo. La resolución no es firme y puede ser objeto de recurso. Por otro lado, el juzgado ha aplazado las declaraciones como testigos de dos técnicos responsables del envío del mensaje de alerta, previstas inicialmente para el 29 de abril, reprogramándolas para los días 6 y 15 de mayo.
(Noticia en actualización)
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