Más de 50 periodistas advierten al CGPJ de las consecuencias de investigarles por informar

Más de 50 periodistas de tribunales han firmado un escrito en el que rechazan la investigación contra cuatro redactores por informar de la causa contra el fiscal general, ya que puede derivar en un “efecto disuasorio” cuando cumplen con su “deber constitucional” de informar de “un asunto de interés público”.

El escrito, firmado por 55 periodistas de unos 30 medios de comunicación, está dirigido a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, y a la decana de los Juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco.

El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid ha citado a declarar a periodistas del diario El País, El Mundo y 20 Minutos el próximo 19 de julio en calidad de investigados. Les imputa el mismo delito por el que están investigados en el Tribunal Supremo el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de un correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales.

Estas actuaciones derivan de “la publicación de documentos relevantes para la opinión pública” de la causa contra ambos fiscales, después de las “quejas” formuladas por sus defensas y por el letrado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los periodistas manifiestan “su pleno respeto a la independencia judicial” y su convicción de que “como todos los ciudadanos”, también están “sometidos a la ley y a la Justicia”.

Pero, precisan, “no podemos compartir la apertura de investigaciones que pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional”.

Por eso advierten de que “si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional” de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público “se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio”, amparado por el artículo 20 de la Constitución, “tanto ellos como sus fuentes de información padecerán” un “efecto disuasorio”.

Un efecto, continúa, “que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas”.

Asimismo, explican que las “quejas” remitidas al magistrado Ángel Hurtado, invocan el artículo 466.2 del Código Penal o el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que conciernen a las partes del proceso judicial o a funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y no a los profesionales de los medios de comunicación, “amparados por el secreto profesional que consagra la Constitución”.

Lo que, dicen, constituye “una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional”.

Por último, los periodistas quieren reivindicar “la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras”, dado que “son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma” el contenido de la causa contra el fiscal general.

Además, la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han expresado su “profunda preocupación” porque, desde el respeto a la independencia del poder judicial, “las decisiones que se adopten no pueden poner en peligro el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes.

*Información elaborada por EFE