Inviolable durante su reinado y aforado después: así se protege al rey Juan Carlos I para “no acabar como Le Pen”

Tras la demanda interpuesta por el rey emérito contra expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, en la que acusa al exdirigente autonómico de vulnerar su derecho al honor y le pide una indemnización de 50.000 euros, el dirigente del PRC arremetió este miércoles contra Juan Carlos I. Sin tapujos, aseguró que si el padre de Felipe VI no fuera inviolable, “probablemente estaría como la señora Le Pen en Francia o como el señor Sarkozy, que lleva un aparato para localizarle”. De esta manera, el exmandatario regionalista volvió a poner sobre la mesa el manido debate sobre las prerrogativas de inviolabilidad, una figura que contraviene el principio constitucional de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución Española).

“Inadmitido a trámite en términos absolutos”. Este es el resultado de la tramitación de la mayoría de iniciativas que se registran en el Congreso para abordar los asuntos relacionados con la Casa Real. Frente a los múltiples intentos por parte de los partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas de fiscalizar esta institución y acabar con los privilegios de los que goza, estos siempre se han topado contra un muro: la pinza de PSOE y PP en el órgano de gobierno del Congreso.

Ante los reiterados impedimentos de los dos principales partidos (esgrimen que el Parlamento no tiene entre sus funciones la de controlar al jefe del Estado) para abordar los escándalos que han acorralado a la Familia Real y, especialmente, al emérito, los grupos han intentado diferentes opciones para traspasar la barrera y, en ocasiones, han surtido efecto. Por ejemplo, al CUP logró preguntar al Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el rey emérito en dos sesiones de control utilizando fórmulas encubiertas.

“¿Qué opinión le merecen al Gobierno los valores deportivos que transmite el campeonato español de vela en Sanxenxo?”, recogía la pregunta que el exparlamentario Albert Botran logró hacer al entonces ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en abril de 2023, a raíz de una de las visitas de Juan Carlos I a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas a bordo del Bribón. Dos años antes, el mismo parlamentario había empleado un subterfugio similar para preguntar en la sesión de control sobre estas polémicas visitas del exjefe de Estado al municipio gallego.

Más allá de estas anécdotas, la pinza de PSOE y PP ha impedido en más de 15 ocasiones la creación de diferentes comisiones de investigación sobre los presuntos hechos delictivos atribuidos a Juan Carlos I. Cabe recordar que, aunque la Fiscalía del Tribunal Supremo constató numerosas irregularidades fiscales, archivó las investigaciones que cercaban al emérito porque, entre las razones, algunas de las conductas se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución concede al jefe de Estado.

El Congreso ratificó el aforamiento a Juan Carlos I en 2021

En todo caso, con su abdicación en favor de su hijo, Juan Carlos I no quedó desprotegido. Y es que, el Congreso, con los únicos votos del PP, introdujo en 2014 varios cambios legislativos para extender el aforamiento tanto al emérito como a la Reina Letizia, la Reina Sofía y la Princesa de Asturias. Siete años después, coincidiendo con la crisis de la Corona por los escándalos económicos y judiciales del emérito, quien se mudó a Abu Dabi (Emiratos Árabes) en agosto de 2020, estas prerrogativas tuvieron un espaldarazo en el Congreso.

Aunque el PSOE se abstuvo en 2014, el partido de Pedro Sánchez, junto a PP, Vox y Ciudadanos, votaron en contra de una iniciativa para eliminar la inviolabilidad del rey y retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real. En concreto, rechazaron una proposición no de ley de ERC para que el Congreso instase al Gobierno a “impulsar todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto de que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones”.

En esencia, los republicanos exigieron eliminar “por completo del ordenamiento jurídico y en virtud del principio democrático y de igualdad las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que puedan amparar comportamientos delictivos o irregulares de la persona del jefe de Estado, la Casa Real y cualquier miembro de la Corona”.

Los socialistas, sin embargo, alegaron que el aforamiento del emérito y otros miembros de la Familia Real “no supone un debilitamiento de la independencia judicial”, ya que “se pueden exigir las responsabilidades que procedan sin alterar el normal funcionamiento de las instituciones”, como apuntó la diputada Rafi Crespín. Por su parte, PP, Vox y Cs pusieron en valor el papel de la monarquía y la inviolabilidad de los miembros de la Corona.

Además, resaltaron el papel de Juan Carlos I en la intentona golpista de hace más de 40 años. “El momento más indigno de la historia democrática de España fue abortado por el emérito”, defendió el entonces diputado del PP Jaime Miguel Mateu, quien rompió una lanza a favor de los aforamientos: “La inviolabilidad no es un privilegio, no se establece en beneficio de la persona, sino como salvaguarda en beneficio de sus funciones”.