La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este lunes su evaluación sobre el sistema mutualista español. Los resultados tras analizar más de 400 millones de microdatos y encuestar a los funcionarios es claro: las mutualidades como Muface, Mugeju e Ifsas deben desaparecer.
La AIReF entiende que “España constituye una excepción singular entre los países con sistemas sanitarios universales financiados mediante impuestos". A diferencia de países como Italia, Grecia o Portugal, que integraron hace tiempo los regímenes especiales de funcionarios en sus sistemas nacionales de salud, España mantiene todavía un sistema diferenciado. Esta “segregación del colectivo mutualista” termina siendo perjudicial y limita el acceso “a las características de la provisión pública universal del resto de ciudadanos”.
Vista la “ineficiencia” del mutualismo “para los modelos de aseguramiento de salud”, “las dificultades que genera para la gestión integral de la salud pública” y la preferencia cada vez mayor por la cobertura pública frente a la privada, la AIReF propone abandonar poco a poco el mutualismo e incorporar progresivamente a los funcionarios al Sistema Nacional de Salud.
Un sistema hasta seis veces más caro que la pública
Actualmente, la AIReF cifra el colectivo mutualista que elige una asistencia sanitaria privada en 1,6 millones de personas, un 76% del total. Pese a que solo el 24% de los funcionarios eligen ser atendidos en la Seguridad Social, los casos más graves terminan principalmente en la sanidad pública, aseguran. “Resulta especialmente revelador que más del 66% de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas son atendidas en centros de titularidad pública, porcentaje que se eleva hasta el 90% cuando el mutualista que presenta estas patologías es menor de 40 años”, afirman en su evaluación.
Es algo que ya señalaba el Ministerio de Sanidad en un informe elaborado respecto al sistema de Muface, donde acusaban a las aseguradoras de incurrir en un fenómeno de selección de riesgos”, que empuja a los asegurados con condiciones graves “a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”.
Este fenómeno, sin embargo, se debe también a las propias preferencias de los mutualistas, según evidencia la encuesta de la AIReF: los funcionarios prefieren el sistema privado por las facilidades que ofrece para acceder a servicios como traumatología, oftalmología o dermatología, pero para especialidades como oncología o cardiología, “que requieren un seguimiento continuo”, la mayoría se decanta por la sanidad pública.
Pese a estas diferencias en los servicios que ofrecen, la AIReF certifica que “el gasto sanitario per cápita entre 2010 y 2022 ha crecido más en el sistema mutualista (52,7%) que en el SNS (40%). El mutualismo español, financiado tanto por aportaciones estatales como cotizaciones de funcionarios, gastó 2.810 millones de euros en 2023. Para los próximos años, contarán con un presupuesto de más de 6.250 millones de euros financiado por el Estado entre las mutualidades de funcionarios civiles, militares, jueces y diplomáticos.
A nivel farmacéutico, el mutualismo tampoco sale barato. Según el informe, “los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios a paciente externo a precios significativamente más elevados”, que en la sanidad pública, llegando incluso a sextuplicar el coste. En ello influye el menor uso de medicamentos genéricos, mayormente utilizados en el mutualismo de opción pública, con diferencias de hasta 20 puntos porcentuales en algunos tratamientos.
Sin inversión, se colapsa la sanidad pública
La AIReF advierte, no obstante, de que el paso de los funcionarios al Sistema Nacional de Salud debe ser paulatino e ir acompañado de un “refuerzo paralelo de las capacidades del sistema público”, en especial de las listas de espera. Desaconseja de hecho la incorporación inmediata de los funcionarios por la saturación que podría provocar.
Los últimos datos del Ministerio de Sanidad evidencian un aumento de las demoras y los tiempos de espera en el SNS. De media, los españoles esperan 121 días para operarse y 94 días para conseguir una cita con el especialista. De incorporar a 1,6 millones de funcionarios sin un refuerzo, las listas de espera podrían aumentar un 7% en cirugía y un 30% en consultas.
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