Un padre con un hijo con discapacidad se queda sin contrato de alquiler, no tiene dónde ir y el propietario le manda una empresa de desokupación

El pasado 31 de enero venció el contrato de alquiler para Álvaro F. S., un vecino de A Coruña que reside en un piso del barrio de O Castrillón junto a su hijo de 25 años, quien tiene una discapacidad reconocida del 66%. Pese a expirar del acuerdo, Álvaro no ha abandonado la vivienda, ya que ha asegurado no tener otro lugar al que trasladarse. Sin embargo, la empresa que gestiona el edificio ha querido proceder de todas formas con el desalojo del inquilino, llegando a recurrir a empresas de desokupación para ello.

Según una información de La Voz de Galicia, el hombre continúa pagando la renta mensual de 361,93 euros, pero el propietario del inmueble ha rechazado el último pago, lo que lo llevó a realizar el depósito a través de una consignación judicial.

El inmueble ha cambiado de manos en varias ocasiones desde que Álvaro es inquilino, desde 2018. Inicialmente pertenecía a un propietario particular, que luego fue adquirido por un fondo de inversión y, más recientemente, por una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios.

Según ha detallado este medio, esta última compañía ahora gestiona todo el edificio, lo que ha generado incertidumbre entre los arrendatarios. Este tipo de operaciones, en las que fondos de inversión o empresas compran inmuebles completos, suelen derivar en cambios en las condiciones de los contratos de alquiler o en la no renovación de los mismos, dejando a los inquilinos en una posición vulnerable.

Amenazas veladas

Pocos días después de que la inmobiliaria que gestionaba el alquiler informara a Álvaro que ya no podía mediar en el conflicto, el inquilino recibió una visita de lo que él describió como “varios hombres vestidos de negro”, que llamaron a su puerta presentándose como miembros de una empresa de desocupación. “Al principio pensé que era la policía”, comentó Álvaro al medio. Los hombres le advirtieron que, en caso de que no abandonase la vivienda, tenían “otros métodos” y que “no iba a poder dormir tranquilo”.

Ante esta situación, Álvaro intentó demostrar que no era un ocupante ilegal. Según su testimonio, invitó a los hombres a entrar en su hogar para que observaran que tenía muchas de sus pertenencias ya embaladas, aunque insistió en que no podía marcharse porque no dispone de un lugar alternativo donde vivir. Tras aquella visita el arrendatario denunció ante la Policía Local que siguió recibiendo numerosas coacciones, desde arrancar el contador a taponar su cerradura y quedarse sin luz.

La asociación de Inquilinos ofrece asistencia legal

En este contexto, Álvaro ha contado con el apoyo de la Asociación de Inquilinos de A Coruña, que ha intervenido a través de uno de sus abogados. Según explicó el letrado al medio, la situación de Álvaro es especialmente delicada debido a la discapacidad de su hijo y la falta de alternativas habitacionales. A pesar de seguir cumpliendo con el pago del alquiler, la negativa del propietario a aceptar el dinero complica aún más el panorama.

El uso de empresas de desocupación para presionar a inquilinos es una práctica que ha generado controversia en los últimos años. Estas compañías suelen emplear tácticas que, aunque no siempre cruzan el límite de la legalidad, pueden resultar intimidantes para las personas afectadas.

Mientras el conflicto sigue sin resolverse, Álvaro continúa viviendo en el piso junto a su hijo, enfrentando la incertidumbre de no saber qué sucederá en el futuro. Según La Voz de Galicia, el hombre ha intentado buscar soluciones, pero hasta ahora no ha encontrado una alternativa viable.