Fin al culebrón de Muface: Asisa y Adeslas darán continuidad al modelo

Tras cinco meses de incertidumbre, los funcionarios pueden estar tranquilos: la asistencia sanitaria cubierta por Muface continuará en los próximos años. Después de que las aseguradoras Asisa y Adeslas hayan confirmado que se acogerán a la nueva licitación, el Gobierno espera cerrar esta semana una crisis que ha puesto en jaque al funcionariado público.

Fue en noviembre de 2024 cuando Adeslas, Asisa y DKV, las tres últimas compañías que continuaban en Muface, dieron su primer rechazo. El concierto, que amparaba a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, amenazaba con caerse. Las pérdidas multimillonarias que aquejaban las tres aseguradoras hacía que tildasen el modelo de deficitario, por lo que exigían un aumento del 40% de las primas para continuar dando servicios.

Han sido necesarias tres licitaciones para conseguir contentar a las empresas. El pasado mes de enero, el Gobierno modificó las condiciones iniciales hasta alcanzar un presupuesto de 4.800 millones de euros que cubriese los próximos tres años de Muface. Esta última oferta ha hecho volver a Adeslas y Asisa, que han valorado positivamente los nuevos pliegos y han confirmado que continuarán trabajando en Muface. Mientras, DKV sigue analizando las nuevas condiciones, que podrían atraer a nuevas aseguradoras como AXA.

Habrá que esperar al próximo 5 de marzo para conocer la composición definitiva de Muface. Las aseguradoras tienen hasta el 4 de marzo para dar su respuesta al Ministerio de Función Pública, de quien depende la mutualidad, y confirmar o no su adhesión al nuevo concierto, que tendrá vigencia del 1 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

La tensión ante la continuidad del modelo ha terminado por generar un choque en el Gobierno de coalición. De un lado, Óscar López (PSOE), ministro de Función Pública, ha defendido en todo momento la necesidad de resolver el “problema” de Muface y conseguir mantenerla en pie.

La postura ha sido diametralmente contraria en el Ministerio de Sanidad, donde Mónica García y su equipo han definido la mutualidad como un modelo “anacrónico” e “ineficiente” y han abogado por su eliminación. La ministra afirmaba que el Sistema Nacional de Salud (SNS) era capaz de acoger al colectivo de trabajadores públicos, si bien estos se mostraban reticentes ante la situación con las listas de espera.

Para García, la última licitación de 4.800 millones de euros fue una “mala noticia”. La ministra consideró que “se han primado las cuentas de las aseguradoras por encima de los resultados de salud, en este caso, la de los funcionarios”.

Estas posturas encontradas alentaron el enfado del colectivo funcionarial, que terminó por convocar una huelga el pasado 13 de febrero, cita que terminó por aplazar hasta que se resolviese la última licitación del Gobierno. En los últimos meses, los sindicatos, que rechazan calificar de “privilegio” esta sanidad privada para los funcionarios, han reclamado la continuidad de Muface. Eso no ha evitado que se debata la idoneidad del modelo, que con los años ha perdido mutualistas en favor de la sanidad pública.

Tras meses de conflicto, Muface parece pasar del caos a la calma. “El proceso sigue abierto, pero parece evidente que hay muestras de interés y decisiones tomadas por parte de varias aseguradoras”, expresó esa semana López, en un último mensaje de tranquilidad a los funcionarios.