Una mujer es acusada de manipular el contador eléctrico y recibe una factura de 15.000 euros: la Justicia la cancela porque no se ha demostrado el fraude

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado la anulación de una factura complementaria de consumo de electricidad por importe de 15.640 euros remitida a una consumidora alegando que UFD Distribución Electricidad había detectado en el contador de la luz una manipulación para pagar menos.

De esta manera, se ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa y se ha avalado la resolución de la Xunta de Galicia, que estimó la reclamación eléctrica de la afectada. El magistrado considera probado que la compañía no demostró el hipotético fraude y que la tardanza en la detección de la anomalía se debió “a la propia negligencia de UFD”, por lo que concluye que no procedía efectuar facturación complementaria alguna.

La referida “factura complementaria” tuvo su causa en que, a raíz de una revisión del contador del sistema de suministro eléctrico del local de negocio de la afectada, situado en Vigo (dedicado a lavandería de autolavado), realizada el 6 de febrero de 2023, UFD consideró que dicho aparato había sido manipulado fraudulentamente, no registrando el consumo real.

Como consecuencia de ello, además de precintar el equipo de medida, UFD procedió a emitir facturas complementarias, facturándole a la mujer por el consumo hipotético de 8 horas diarias de máxima potencia contratada durante un año, restando el consumo ya facturado en el mismo período.

Como resultado, la distribuidora emitió una factura complementaria por la citada cantidad de 15.640,70 euros, la cual fue trasladada a la usuaria a través de su comercializadora, Xenera Compañía Eléctrica S.A.

Sin pruebas suficientes

La afectada, en desacuerdo con la facturación, presentó una reclamación administrativa ante la Jefatura Territorial de Pontevedra. En su escrito, argumentó que no existían pruebas suficientes que acreditaran una manipulación fraudulenta de su contador y que, en todo caso, la responsabilidad de verificar el correcto funcionamiento del equipo correspondía a la empresa distribuidora. Además, sostuvo que desde el inicio de su contrato eléctrico en septiembre de 2021, había detectado anomalías en la facturación y había solicitado reiteradamente la revisión del contador, sin que la compañía atendiera sus quejas de manera diligente.

Tras analizar la situación, la Xunta de Galicia estimó la reclamación de la usuaria mediante resolución de 16 de agosto de 2023. En su fallo, la administración autonómica concluyó que las pruebas aportadas por UFD no eran suficientes para demostrar que la manipulación del contador había sido intencionada y atribuible a la usuaria. Además, subrayó que la empresa había actuado con negligencia al no revisar el equipo a pesar de las múltiples solicitudes previas de la clienta. En consecuencia, la Xunta anuló la facturación complementaria y ordenó a la distribuidora no cobrar la cantidad reclamada.

Manipulación fraudulenta o fallo de instalación

Inconforme con esta decisión, UFD interpuso un recurso de alzada ante la Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, el cual fue desestimado mediante resolución de 29 de febrero de 2024.

En este fallo, la administración reiteró que la empresa no había demostrado de manera fehaciente la existencia de fraude y que el informe técnico presentado no permitía distinguir entre una manipulación fraudulenta y un fallo de instalación. Asimismo, criticó el método de cálculo utilizado por UFD para la refacturación, señalando que, en caso de haberse probado la irregularidad, la normativa establece que el consumo hipotético se debe calcular sobre 6 horas diarias de uso, y no 8 como aplicó la distribuidora.

Ante esta nueva resolución adversa, la empresa eléctrica decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Pontevedra. En su demanda, UFD solicitó la anulación de las resoluciones administrativas y el reconocimiento del derecho a aplicar la facturación complementaria.

Argumentó que el fraude había sido detectado por sus técnicos mediante una inspección visual y que la existencia de un precinto roto en el contador constituía prueba suficiente de la manipulación. También defendió el método de cálculo de la refacturación, sosteniendo que debía aplicarse el criterio más penalizador para evitar que los consumidores defraudadores quedaran impunes.

El juicio se celebró el 21 de enero de 2025, con la presencia de todas las partes involucradas: la empresa UFD como demandante, la Xunta de Galicia en calidad de administración demandada y la usuaria afectada como codemandada y la sentencia ha dado la razón a la afectada, cancelando así la factura emitida por la empresa eléctrica.