Multa de 90.000 euros a un veterinario por curar a una mascota: sentencia pionera por la nueva normativa de veterinaria en España

Un veterinario de Baleares ha sido sancionado con 90.000 euros por incumplir la normativa que regula la prescripción y venta de medicamentos a las clínicas veterinarias en España. Según informó la Patronal de clínicas Veterinarias de Baleares, esta es la primera sanción de este tipo desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023.

Esta ley establece restricciones significativas en la administración de medicamentos tras la aprobación del sistema PRESVET, que desde principios de año obliga a los veterinarios a informar al Ministerio de Agricultura sobre cada preinscripción de antibióticos. La multa, que ya es firme, se encuentra en proceso de judicialización, según confirmó Andreu Oliver, presidente de la patronal.

La normativa actual ha generado tensión en el sector, ya que según los veterinarios, este proceso aumenta la carga burocrática y podría derivar en más sanciones.

La normativa fue aprobada en julio de 2023 y tiene como objetivo limitar la prescripción y venta de medicamentos veterinarios como una parte de la estrategia para combatir la resistencia a los antibióticos. Entre sus disposiciones, prohíbe la venta directa de medicamentos en clínicas veterinarias y restringe el uso de antibióticos en animales de compañía.

Las sanciones por el incumplimiento de la misma oscilan entre los 60.000 y un millón de euros. Según la Patronal, estas restricciones dificultan la labor de los veterinarios, quienes afirman que la normativa prioriza la burocracia antes que la salud de los animales.

Estos profesionales han confesado que varias veces se ven obligados a iniciar tratamientos que saben que no serán efectivos, ya que solo pueden optar por alternativas más potentes tras justificar su uso mediante cultivos o análisis previos.

Pero el caso de la sanción no es el único que ha incentivado la controversia. La semana pasada, la muerte de una perra de 9 años en Galicia a causa de una sepsis destapó las lagunas del Real Decreto. Según Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, la mascota, una Jack Rusell, falleció tras no recibir a tiempo el tratamiento antibiótico adecuado.

La normativa impidió que se le administrara un antibiótico más potente sin un cultivo previo que justificara su uso. Para cuando llegaron los resultados del laboratorio, el estado del animal era crítico y no pudo ser salvado.

Veterinarios de todo el país han denunciado que estas medidas exponen a los animales a riesgos innecesarios y han convocado una manifestación nacional el próximo 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura en Madrid.

El conflicto ha generado divisiones dentro del sector. Mientras que la Patronal de Clínicas Veterinarias exige la derogación del decreto, el Colegio de Veterinarios de Baleares ha solicitado una moratoria y una aplicación más flexible de la normativa.

Según informó la patronal, las clínicas de Baleares realizaron un parón simbólico de una hora y planean acudir a la manifestación de Madrid. Andreu Oliver subrayó que los veterinarios solo desean seguir medicando a sus pacientes basándose en criterios científicos y no en las restricciones impuestas por el decreto.

Otro de los puntos señalados por los profesionales del sector es el desabastecimiento de medicamentos en farmacias. Según la patronal, las farmacias no suelen tener en stock una variedad suficiente de medicamentos.

En algunos casos, los dueños de los animales tendrían que esperar hasta una semana para conseguir un medicamento en la farmacia, un tiempo que podría decidir la vida y la muerte de la mascota. En contraste, los veterinarios tienen acceso a estos medicamentos en un plazo de 24 horas.

No obstante, la venta directa en estos establecimientos está prohibida, a pesar de que los profesionales advierten de que no representa un gran negocio, sino que se hace para garantizar la efectividad de los tratamientos.