La Policía Nacional ha logrado desmantelar una de las redes de blanqueo de capitales más sofisticadas en Europa, que facilitaba las finanzas de múltiples organizaciones criminales a nivel internacional La Policía Nacional ha desarticulado una red de la mafia rusa que operaba en España blanqueando dinero procedente del crimen organizado. En la operación han sido detenidas 14 personas que prestaban servicios de lavado de capitales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia. La organización contaba con una estructura en varias ciudades españolas, donde cada punto operativo era gestionado por un “cajero” encargado de la recepción y entrega de dinero en efectivo, con movimientos diarios de hasta 300.000 euros.
La investigación se inició en 2023 cuando las autoridades detectaron la existencia de individuos relacionados con el crimen organizado ruso que realizaban constantes operaciones de recogida y entrega de dinero en efectivo con personas de distintas nacionalidades. Ante la sospecha de que estos movimientos tenían un origen ilícito, el Juzgado de Instrucción 46 de Madrid ordenó el inicio de una investigación que, a medida que avanzaba, reveló la magnitud internacional de la trama. La red extendía sus operaciones a Países Bajos, Estonia, Lituania e Italia, entre otros países.
La estructura de la organización en España se basaba en la distribución de sus actividades por distintas sedes operativas, cada una gestionada por un cajero. Estos individuos realizaban transacciones diarias. Se estima que solo en España la red movía varios millones de euros al mes, provenientes de figuras del crimen organizado asentadas en el país.
A través de esta red rusa, estos grupos criminales lograban trasladar sus capitales por todo el mundo, evitando el control financiero y el decomiso de grandes sumas de dinero en efectivo en sus domicilios por parte de las autoridades. La organización cobraba una comisión de entre el 2% y el 3% del dinero blanqueado.
El modus operandi de la organización presentaba un alto grado de profesionalidad y sofisticación. Cada cajero disponía de cajas fuertes, máquinas contadoras de dinero de alta capacidad y armarios insonorizados para evitar el ruido característico al contar los billetes. Además, debían documentar cada transacción con recibos dirigidos a los jefes de la organización y seguían un estricto protocolo de seguridad, que incluía sanciones internas por incumplimientos.
Los miembros de la organización tomaban amplias medidas de seguridad. Cambiaban de residencia y vehículo con frecuencia y utilizaban pisos de seguridad exclusivos para sus operaciones. Asimismo, los cajeros rotaban de ciudad cada cierto tiempo y formaban a sus reemplazos en los procedimientos de entrega y recepción de dinero. Para las comunicaciones, empleaban teléfonos encriptados que se bloqueaban automáticamente si uno de sus miembros era arrestado.
Durante la investigación, las autoridades detectaron un conflicto entre esta red rusa y la mafia armenia, que intentó sustraer más de medio millón de euros de uno de los cajeros rusos. La disputa fue resuelta mediante una reunión en España entre líderes criminales de ambas organizaciones para evitar una escalada del conflicto.
Además del blanqueo de capitales, la organización facilitaba la obtención de documentación europea a sus integrantes y ofrecía servicios de regularización administrativa a extranjeros, en muchos casos alegando asilo por la guerra en Ucrania. También planeaban entrar en el negocio de las energías renovables en Cuba, a cambio de suministros de níquel y oro por parte del gobierno cubano.
Tras dos años de investigación, las autoridades ejecutaron la fase operativa de la operación con la detención de 14 personas y la realización de nueve registros en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa. En los allanamientos se intervinieron más de un millón de euros en efectivo, cuatro máquinas contadoras de dinero, teléfonos encriptados, un monedero de criptomonedas y abundante documentación. También se procedió al bloqueo de propiedades vinculadas a la red en España.
Dado el alcance de la operación y la magnitud de las conexiones criminales de la organización, Europol desplazó a un analista a España para colaborar en el análisis de la información extraída de los dispositivos encriptados. Tres de los miembros de mayor rango han ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, y no se descartan nuevas detenciones.
La operación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo de Seguridad Interior (ISF, por sus siglas en inglés), que respalda a los Estados miembros en la lucha contra el crimen organizado mediante operaciones coordinadas. Esta estrategia se centra en cuatro ejes: fortalecer la seguridad, combatir amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos y consolidar un ecosistema de seguridad común.
Con este golpe, la Policía Nacional ha logrado desmantelar una de las redes de blanqueo de capitales más sofisticadas operativas en Europa, cuyo modelo de negocio facilitaba las finanzas de múltiples organizaciones criminales a nivel internacional.
