- Tras un amplio despliegue policial, finalmente se ha ejecutado el desahucio de Carlota y su familia.
Carlota, una vecina que vive junto a su hijo, su nuera y una nieta de cinco años en en el distrito madrileño de Carabanchel, ha tratado de evitar por todos los medios que les desahucien del piso donde viven desde hace casi un año y medio. Pero este miércoles, si nada cambia, una comisión judicial llevará a cabo su desalojo pese a que se trata de una familia vulnerable sin alternativa habitacional.
La vivienda pertenece a la empresa inmobiliaria Rhino Real Estate, pero fue un inquilino que arrendó el piso quien se hizo pasar por propietario y firmó un contrato de alquiler con Carlota. La mujer, que asegura haber pagado “una cantidad elevada de fianza y de renta", recibió al poco tiempo de instalarse una orden de desahucio a nombre de ese falso propietario, por lo que se dio cuenta de que “había sido víctima de una estafa”. A partir de ahí presentó una denuncia -que actualmente sigue en curso- y, ante la falta de respuestas, buscó ayuda en el movimiento por la vivienda digna, en concreto en el Sindicato de Vivienda de Carabanchel.
Como esa primera orden de desahucio llegó a nombre del supuesto propietario, cada vez que Carlota intentaba conseguir asesoría legal, “un abogado de oficio se la negaba, alegando que no había documentación a su nombre”, explican a Infobae España desde el sindicato. La primera orden a su nombre la recibió el pasado 28 de enero y el desalojo estaba previsto tan solo dos días después, el 30, si bien “se logró paralizar negociando con la comisión judicial” y se pospuso hasta este 19 de febrero. A pesar de esta difícil situación, critica el sindicato, a Carlota no le facilitan la asistencia de un abogado de oficio ni la representación de un procurador, figuras imprescindibles para comparecer en el procedimiento y alegar los posibles motivos de defensa, pues “se lo niegan con la excusa de que quedan pocos días para el desahucio”.
Por ello, la mujer presenta un escrito en los juzgados solicitando que se paralice el desahucio y “que se tenga en cuenta dentro del procedimiento judicial que ha sido víctima de una estafa”, al tiempo que pide asesoría legal y derecho a ser defendida. Aunque Carlota también ha intentado hablar con la empresa inmobiliaria dueña del piso con el objetivo de poder regularizar el alquiler, “nunca se han puesto en contacto en ella” y han continuado con el proceso judicial.
Una familia en situación de vulnerabilidad
El sindicato recuerda que esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, pues cuentan con unos recursos limitados y no tienen más familiares en Madrid ni otras alternativas habitacionales. Además, el hijo de Carlota es una persona dependiente debido a “las secuelas que le provocó una brutal agresión” y hay una niña menor de edad en la vivienda.
“Si finalmente se lleva a cabo, se estaría desahuciando a una familia en situación de vulnerabilidad que nunca tuvo derecho a ser defendida. Además, estas personas deberían estar protegidas y amparadas por el Real Decreto que acordó la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional” hasta finales de diciembre de este año.
El caso de su Carlota y su familia no es único, pues son muchas las familias que prácticamente diario son desahuciadas en toda España pese al escudo social y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica.
Manifestación estatal para el 5 abril
Precisamente con el objetivo de que se dejen de ejecutar desahucios y que se aplique una bajada de precios del alquiler, este martes el movimiento por la vivienda digna convocaba a una manifestación estatal el próximo 5 de abril.
Bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, los sindicatos de inquilinas, plataformas por la hipoteca y asambleas contra los desahucios reclamarán esa bajada de precios, la creación de más vivienda pública y social y el desmantelamiento de las empresas de desokupación, entre otras medidas.
La protesta se celebrará en Madrid y partirá desde Atocha a las 12:00 para finalizar en Plaza de España.
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