El Gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por la dana que asoló Valencia el 28 de octubre del año pasado y en la que murieron más de 200 personas.
Según ha adelantado El País, está previsto que esta medida se apruebe mañana, martes 11 de febrero en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, pretende dar una solución a los extranjeros que no pudieron renovar su permiso de residencia o trabajo con motivo de las inundaciones.
Además, dicha regularización no solo incluye a las personas migrantes afectadas por la catástrofe, sino también a sus familiares más directos.
En total, son 25.000 personas migrantes las que vivían o trabajaban en Valencia durante las inundaciones que dejaron a 218 muertos y asoló casi 80 municipios.
Según entidades sociales de la Comunidad Valenciana, actualmente, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos como contrato de trabajo, de alquiler o cuenta bancaria española. Estos requerimientos “excluyen a las aproximadamente 40.000 vecinas y vecinos de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular, uno de los colectivos con mayor desprotección social”.
“Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que vamos a adoptar, pero siempre desde la seguridad jurídica”, avanzó la ministra Saiz el 29 de enero tras participar en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).
Se prevé que el conjunto de las mencionadas medidas tenga un impacto mucho mayor y que, potencialmente, puede facilitar trámites los 98.000 extranjeros no comunitarios ya empadronados en la zona.
Medida que no se ve desde 2004
En pandemia ya pudimos ver cómo el Gobierno se volcaba en ayudar a los extranjeros con las prórrogas automáticas, pero para encontrar un referente de regularizaciones por mor de catástrofes de cualquier tipo debemos mirar 20 años atrás.
En concreto, el último evento que provocó las regularizaciones fue la masacre terrorista del 11M en la que murieron casi 200 personas. En esa situación, el presidente José María Aznar anunció la regularización y la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas extranjeras y sus familiares.
La ministra ha informado que la regularización era parte de un paquete de medidas que debía haberse aprobado antes de que acabase el año, pero acabó cayéndose del último borrador por supuestas dudas jurídicas y fuertes reticencias de ministerios, como el de Interior.
Migraciones decidió, entonces, sacar adelante, primero, las prórrogas para, después, decidir, si avanzaba o no, con las medidas para los inmigrantes en situación irregular.
El texto que se aprobará este martes es mucho más ambicioso de lo que se esperaba hace poco más de un mes. El proceso solo se ha desbloqueado gracias a la presión de los sindicatos, el dictamen favorable de la Abogacía del Estado y la visita de Pedro Sánchez a Valencia el pasado 23 de enero.
Tras más de cien días de la dana, los miles de afectados extranjeros se han encontrado con situaciones específicas que han atentado con su vida laboral y familiar. Entre ellos, se encuentran aquellos que perdieron su empleo por daños irreparables de la empresa, o aquellos pendientes de renovar sus autorizaciones de residencia.
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