La semana clave para la derivación de 4.000 menores migrantes acogidos en Canarias y 500 acogidos en Ceuta ha concluido con el anuncio de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y el presidente de las islas, Fernando Clavijo, de que ambas partes han logrado fijar unos criterios de un traslado necesario para aliviar la presión que actualmente sufre la red de acogida del archipiélago.
En las reuniones del miércoles y el jueves, el Gobierno de España se ha mostrado conforme con la propuesta realizada por el Ejecutivo canario, tal y como informaba Rego en declaraciones a Europa Press este martes, anunciando que solo faltaba por resolver la “letra pequeña” de los criterios, resueltos en la reunión de este jueves.
Canarias propuso un coeficiente para hacer la distribución de los menores migrantes por otras comunidades basándose en cinco variables: el PIB per cápita, la población, la tasa de desempleo, la solidaridad y el efecto acogida, valores ya de por sí fijados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en 2022.
Algunos detalles por cerrar
Esta fórmula serviría para sustituir la anteriormente pretendida reforma de la ley de Extranjería, la cual pretendía crear un mecanismo permanente de solidaridad interterritorial en caso de sobreocupación, algo que se cumplía con creces en el caso de Canarias y Ceuta, donde el crecimiento del número de llegadas ha sido exponencial.
De hecho, pese a las negociaciones que han tenido lugar en las últimas semanas, falta aún por decidir cuál será la forma jurídica que tendrá este acuerdo. El Gobierno canario quiere que se tramite como decreto-ley, mientras que el Ejecutivo nacional prefiere una proposición de ley, si bien las legislaturas de Sánchez se han destacado, precisamente, por el uso de los decretos, con más de 140 impulsados desde 2018.
Una negociación “a dos bandas”
En ambos casos será necesario contar con una mayoría en el Congreso, que se espera obtener con el apoyo de Junts. El partido independentista fue uno de los responsables de que la reforma de la ley de Extranjería no saliera adelante el pasado verano, votando en contra junto con el Partido Popular y Vox. Clavijo, no obstante, se ha mostrado optimista respecto a la postura que adoptarán en esta ocasión la formación catalana.
Esto es algo que se ha visto con malos ojos desde los gobiernos de otras comunidades autónomas, como en el caso de Castilla y León, cuyo consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, ha acusado al Gobierno de negociar “a dos bandas”, con Canarias y con “un partido separatista que quiere las competencias en inmigración”. “Sería bueno que algo que afecta a las comunidades autónomas, al menos se contara con las comunidades autónomas”, ha lamentado.
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