
El reclamo de las asociaciones de Aluche y Carabanchel para que se construya infraestructura y vivienda pública y de alquiler social en los terrenos de la antigua cárcel no es nuevo. Llevan años pidiendo estas mejoras, pero tras la reciente decisión del Gobierno central de transferir esos terrenos a la nueva empresa pública vivienda, las organizaciones sociales han convocado este sábado un acto reivindicativo para volver a alzar la voz.
Este centro penitenciario, símbolo de los últimos años de la represión franquista que recluyó a miles de presos políticos, fue demolido en el año 2008. Parte de esos terrenos los administra el Gobierno central, más concretamente el Ministerio del Interior, pero el pasado 22 de enero fueron cedidos a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), gestionada por el Ministerio de Vivienda. La intención del Ejecutivo es construir pisos asequibles y protegidos, al menos en los terrenos que administra, ya que hay otros cuya gestión depende del Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida.
“Todos los suelos del Ministerio del Interior en los terrenos de la cárcel de Carabanchel acaban de ser transferidos a la nueva empresa pública estatal de vivienda para que encargue una nueva gestión pública de todos ellos”, anunció el 22 de enero en sus redes sociales el portavoz del PSOE en la Comisión municipal de Urbanismo, Antonio Giraldo. Esto implica, añadió, que esta empresa pública será ahora la encargada de gestionar las futuras viviendas, “incluyendo las que entonces se habían previsto de venta libre”.

Exigen un centro de memoria
Sin embargo, los colectivos sociales no tienen tan claro que el 100% de los terrenos se vaya a dedicar a vivienda pública y alquiler asequible y temen que se produzcan nuevos casos de especulación inmobiliaria. “El hecho de que el Ministerio del Interior haya cedido los terrenos a la nueva empresa estatal de vivienda no garantiza que en su totalidad vaya a ser pública y en alquiler”, advierten la Coordinadora Vecinal Salvemos Eugenia de Montijo, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el de Vivienda de Carabanchel, pues “ya ha ocurrido en otras ocasiones, como es el caso de la Operación Campamento”, un proyecto que dentro del distrito de Latina permitirá construir más de 10.000 pisos viviendas, de las que el 65% tendrán algún tipo de protección oficial y el resto serán libres.
“Esto no puede continuar así. Tenemos que pararles los pies y exigir que en estos terrenos se construya vivienda pública en alquiler y para todas. No se trata de que se construyan casas sin más, sino de garantizar el derecho a la vivienda. Se trata de tener un lugar donde poder vivir en Carabanchel y Latina”, sostienen las organizaciones, que también destacan la necesidad de que se construya “un hospital, una escuela pública y un centro de mayores”.
Entre las reivindicaciones de los colectivos y vecinos también figura el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se encuentra en el edificio del antiguo Hospital Penitenciario, el único de todo el complejo que se mantuvo en pie, y proponen que se conviertan en “un centro de Memoria Histórica”. Las actividades convocadas por las organizaciones para el sábado 1 comenzarán a las 12:00 horas en la parada del metro Eugenia de Montijo.
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