La jubilación parcial para funcionarios podría regresar en 2025, senalándose como una medida clave para flexibilizar el retiro laboral en la administración pública. La medida, incluida en las negociaciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), plantea establecer condiciones similares a las del sector privado, permitiendo a los empleados reducir su jornada laboral y acceder a una pensión proporcional antes de la edad de jubilación ordinaria. Esta reforma busca también fomentar el relevo generacional en un sector donde el envejecimiento es creciente.
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Edad y condiciones previstas
El borrador de la reforma propone que los empleados públicos puedan acogerse a la jubilación parcial a partir de los 60 años, siempre que cumplan con un requisito de cotización de al menos 30 años al sistema de Seguridad Social. Esta modalidad permitirá reducir la jornada laboral entre un 25% y un 50%, con una pensión proporcional al tiempo no trabajado, manteniendo una parte del salario correspondiente a la jornada desempeñada.
La medida, que busca homogeneizar los derechos laborales entre el sector público y privado, estaría alineada con las disposiciones del Real Decreto 2064/1995, que regula la jubilación parcial en el régimen general de la Seguridad Social. En el ámbito privado, esta figura se ha mantenido con ciertos ajustes en edad y zacióncoti, mientras que los funcionarios quedaron excluidos desde 2012.
La normativa eliminada en 2012
Hasta su supresión en 2012, los funcionarios podían acogerse a la jubilación parcial a partir de los 61 años, siempre que tuvieran 30 años cotizados. El sistema permitía reducir la jornada laboral en un 50%, complementando el salario con una pensión proporcional. La normativa fue eliminada por el gobierno de Mariano Rajoy como parte de las medidas de austeridad implementadas durante la crisis económica.
La desaparición de esta modalidad se justificó bajo el argumento de contener el gasto público y frenar las contrataciones necesarias para cubrir las plazas que quedaban vacantes por esta vía. Esto derivó en una situación de envejecimiento progresivo en el cuerpo de empleados públicos, donde, según datos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), más del 60% de los trabajadores tienen actualmente más de 50 años.
Beneficios e impacto de la reforma
El regreso de la jubilación parcial podría tener un impacto significativo en varios ámbitos. Por un lado, facilitaría el relevo generacional, ya que las jornadas reducidas de los funcionarios mayores podrían compensarse con nuevas contrataciones de personal joven. Además, permitiría una transición laboral más gradual, reduciendo el desgaste profesional en los últimos años de actividad.
Según sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), esta reforma es esencial para garantizar el equilibrio entre los derechos laborales y la renovación del personal en la administración pública. Ambos colectivos han defendido que la medida contribuirá a dinamizar el mercado laboral, especialmente entre los jóvenes, cuyo desempleo sigue siendo elevado.
La dudosa sostenibilidad del sistema
Sin embargo, el impacto económico de esta reforma también genera preocupación. Según economistas, la aplicación generalizada de la jubilación parcial podría aumentar la presión sobre las arcas públicas. La combinación de salarios parciales y pensiones implicará un gasto adicional que deberá ser compensado con medidas que refuercen la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reiterado que cualquier cambio deberá acompañarse de un análisis detallado para garantizar que la medida no afecte negativamente al equilibrio financiero del sistema. Además, la implementación de la jubilación parcial estará sujeta a revisiones periódicas para evaluar su impacto económico y social.
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