Asistentes con una bandera en una manifestación contra la violación de derechos en el Sáhara Occidental en 2021 en Madrid. (Carlos Luján - Europa Press)
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha negado la nacionalidad española a un hombre saharaui que solicitó este derecho, en razón del artículo 17 del Código Civil, basándose en que su padre, nacido en 1946 en el Sáhara Occidental cuando era un territorio administrado desde Madrid, era español de origen. El tribunal estima así un recurso de casación presentado por la Subdirección General de Nacionalidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN).
El Supremo reafirma su jurisprudencia anterior, la sentencia 207/2020 del 29 de mayo, que establece que aunque el Sáhara estuviera bajo administración española, no puede ser considerado parte del territorio de España para atribuir la nacionalidad de origen bajo el artículo 17 del Código Civil, obviando así el tribunal que el Sáhara no solo fue una colonia española desde mediados del siglo XIX, sino que en 1958, bajo la dictadura de Francisco Franco, llegó a convertirse en una provincia más del país, la número 53.
De este modo, el Supremo ratifica que no se puede otorgar la nacionalidad automáticamente por nacimiento en este territorio y desestima en su totalidad el reclamo planteado por el demandante.
La sentencia, que refuerza así la interpretación del tribunal acerca del estatus jurídico del Sáhara Occidental y su implicación en asuntos de nacionalidad, también concluye que no corresponde imponer costas procesales debido a las dudas jurídicas existentes antes de que se estableciera la doctrina jurisprudencial aplicable.
Cabe recordar que la soberanía del Sáhara Occidental es un conflicto enquistado desde hace medio siglo. Fue el 14 de noviembre de 1975, apenas unos días antes de la muerte de Franco, cuando España cedió este territorio a Marruecos y Mauritania en el acuerdo tripartito de Madrid y tras la ocupación marroquí con la Marcha Verde de más de 350.000 civiles enviados por el rey Hassan II. El acuerdo no fue aceptado por el Frente Polisario, que proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 1976 y entró en guerra con ambos países. Tres años más tarde, en 1979, Mauritania retiró sus tropas, pero el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario continuó hasta 1991, cuando se alcanzó un alto el fuego que implicaba la creación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), aunque la consulta nunca se llevó a cabo.
De hecho, desde 2007 el Gobierno marroquí ya no acepta la propuesta del referendo de autodeterminación, sino que apuesta por un régimen de autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos como salida al conflicto, lo que supone delegar en el territorio una serie de competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, y facultades en el ámbito económico, tributario, de infraestructuras, cultural y social.
Vista de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia. (EFE/Mahfud Mohamed Lamin Bechri)
En esos 16 años de conflicto, Marruecos fue ocupando el Sáhara Occidental y a día de hoy controla el 80% del territorio, mientras que el Frente Polisario gestiona el 20% restante. A consecuencia de la ocupación marroquí, buena parte de la población saharaui huyó a Argelia, a la provincia de Tinduf, donde a día de hoy viven en campamentos de refugiados unas 170.000 personas que siguen esperando un referéndum que, de momento, no llega.
España, por su parte, aunque durante muchos años defendió las resoluciones de la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, en 2022 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI en la que apoyaba el proyecto marroquí de autonomía para este territorio, sumándose así al respaldo de Estados Unidos. Un cambio de postura que el Frente Polisario calificó de “traición”.
Este territorio situado en el noroeste de África que cuenta con 1.100 kilómetros de costa atlántica, es rico en recursos naturales y posee una de las minas de fosfatos más grandes del mundo, además de importantes bancos de pesca y yacimientos de petróleo, es el único de ese continente cuyo estatuto post-colonial no ha sido solucionado.