El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar'. (Eduardo Parra/Europa Press) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzó una nueva semana de enero con otro intento de marcar la agenda. Esta vez, en materia de vivienda, con el anuncio de un paquete de 12 medidas para lograr “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”. Mientras avanzan los frentes judiciales que salpican al entorno más cercano del líder socialista, y con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 en el aire, el jefe del Ejecutivo busca sacudirse la presión y desviar el foco con iniciativas de calado.
Al margen de la inauguración de una serie de actos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y los avances en libertades desde entonces, el PSOE sorprendió el pasado viernes con el anuncio de una controvertida reforma judicial para, entre otras medidas, limitar la acusación popular. La modificación de los socialistas, que no cuenta con sus principales apoyos en el Congreso ni tiene el respaldo de la carrera judicial, llega cuando hay varios procedimientos judiciales impulsados por este tipo de acusaciones sin el apoyo de la Fiscalía, entre ellos los que afectan a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, respectivamente.
Este lunes, cuando el debate todavía sigue sin digerirse, Sánchez echó mano de otra de sus banderas, la de vivienda. Así, avanzó los nuevos pasos del Gobierno en su intención de revertir el problema de la vivienda ante la “escasez residencial”. Algunos de ellos “van en la buena dirección”, como pusieron en valor desde Sumar o EH Bildu, pero las formaciones a la izquierda del PSOE creen que las medidas siguen siendo “insuficientes” y reclaman “ir más allá”, tal como pusieron en común estos partidos, además de Podemos y ERC.
En el marco de esta crítica, Sumar, el socio minoritario de Sánchez en el Ejecutivo, y el resto de aliados parlamentarios arremetieron especialmente contra las nuevas exenciones fiscales para propietarios. En concreto, el secretario general del PSOE anunció que el Gobierno llevará al Congreso “la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas”.
Si hace unos meses cargaron contra la prórroga del bono de alquiler joven de 250 euros porque favorece el enriquecimiento con dinero público de “quienes especulan con la vivienda”, los socios del PSOE dejaron claro que no avalarán las ventajas económicas a los propietarios, exigiendo nuevamente una “intervención” del mercado de la vivienda y enfatizando en el tope a los precios de los alquileres.
Los diputados de EH Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)
“Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego”, llegó a advertir la líder de Podemos, Ione Belarra. Asimismo, el portavoz de vivienda de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, sostuvo que aplicar exenciones fiscales a propietarios “que han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados van en la dirección contraria”.
En la misma línea se pronunció el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, exigiendo a Pedro Sánchez que anteponga los derechos de los inquilinos a los de los propietarios. “El Gobierno debería grabarse a fuego que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas está el derecho de alguien a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos. Habrá que ir más allá”, resumió en un mensaje en X.
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aunque apreció un “cambio de discurso” del PSOE en esta materia, reclamó a sus compañeros en el Consejo de Ministros “ir más allá”. Frente a las exenciones fiscales para los propietarios, Sumar plantea mejorar las condiciones de los alquilados con “plazos más largos para estabilizar”. Asimismo, estas formaciones progresistas cuestionaron la medida para limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. De esta manera, para Sumar, EH Bildu, Podemos y ERC, lo que habría que hacer es “prohibir cualquier compra especulativa que no sea para vivienda destinada a uso residencial”, agregó el ministro de Cultura.
Como era de esperar, las medidas no gustaron al PP ni a la patronal inmobiliaria, que cuestionaron su carácter “intervencionista”, pero tampoco tuvieron buena acogida entre los inquilinos. “Sánchez ha anunciado la exención del 100% del IRPF para aquellos rentistas que ajusten los precios de sus alquileres a los índices, es decir, al actual precio medio de mercado, que sigue siendo un reflejo de precios desorbitados. Se protege así sus beneficios con las arcas públicas a costa de precios que se llevan casi la mitad del sueldo de muchos hogares”, afeó Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres.
Desde el Gobierno no detallan la cronología de estas iniciativas, aunque Sánchez ya informó de que se ha efectuado, por ejemplo, el traspaso de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También, que se incorporarán a la empresa pública de vivienda de manera “inmediata” 13.000 viviendas de la Sareb, y otras 17.000 más, “progresivamente”.
Con estas y otras medidas, el Ejecutivo se muestra “convencido” de que solucionará el problema de la vivienda, una situación derivada de las políticas “neoliberales” de la administración de Mariano Rajoy, tal como criticó Pedro Sánchez.
El PP bajará al 4% el impuesto para comprar una vivienda en las comunidades donde gobierna.