Las terapias de conversión “aún son una realidad en España” pese a estar prohibidas por ley: “Se ha creado una cultura de la impunidad”

La Asociación contra las Terapias de Conversión ha presentado una denuncia ante Igualdad contra varias diócesis por presuntamente promover eventos “basados en la castidad y la práctica religiosa” con el objetivo de cambiar la orientación sexual de personas del colectivo LGTBI

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Manifestación en defensa de la
Manifestación en defensa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid en 2024. (Fernando Sánchez/Europa Press)

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas -entre ellas las de Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá de Henares y Sigüenza-, además de personas físicas, una empresa y una fundación, por presuntamente promover y acoger eventos donde se proponen terapias de conversión para personas LGTBI basadas en la castidad y la práctica religiosa” con el objetivo de cambiar su orientación sexual. En concreto, la asociación asegura que, a través del proyecto Transformados, esas siete diócesis han promovido este tipo de eventos con testimonios de personas que aseguran haber dejado de ser homosexuales, prácticas que están prohibidas por ley.

“Presentan una visión muy estigmatizada y denigrante de lo que es la homosexualidad y las identidades LGTBI”, explica a Infobae Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, de forma que a través de “una vida en castidad absoluta y de llevar a cabo prácticas religiosas diarias como la lectura de la Biblia, el rezo del Santo Rosario, asistir a misa o confesarse, así como la asistencia a encuentros espirituales y religiosos, dicen que la homosexualidad no es una orientación sexual natural y normal, sino que viene producida por traumas a lo largo de la infancia”.

La asociación que dirige Castro, abogado especializado en derechos humanos, litigio estratégico y derechos LGTBIQ+, empezó a investigar los hechos en 2023, a raíz de unos panfletos en los que se invitaba a personas del colectivo LGTBI a acudir a eventos que hablaban de “encontrar la conversión sexual en la castidad”, el mencionado proyecto Transformados. Incluso miembros de la propia organización han estado presentes en algunos actos, tal y como han constatado en su denuncia del pasado 30 de diciembre ante el Ministerio que dirige la socialista Ana Redondo.

Detrás del proyecto Transformados, asegura la organización, se encuentra la firma Media Salud Comunicación S.L. y la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, que es la empresa titular del periódico Religión en Libertad”. En ese sentido, responsabilizan también a las diócesis por “haber cedido sus espacios para celebrar este tipo de eventos”, cuando la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que entró en vigor en 2023, no lo permite.

“Las diócesis tienen el poder de impedir que en sus espacios se promuevan las terapias de conversión y de garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación”, aclara Castro, quien pone como ejemplo concreto la de Getafe, “que animó en redes sociales a la gente a asistir a estos eventos y después publicó los testimonios de algunas personas en su página web”. Lo que el abogado considera realmente un problema es que “no existan herramientas suficientes para tutelar lo que pasa en las diócesis”, porque el hecho de que las terapias de conversión no aparezcan en sus programas “no implica que no hayan tenido lugar”.

Banderas arcoiris del Orgullo LGTBI
Banderas arcoiris del Orgullo LGTBI en Madrid. (Luca Piergiovanni/EFE)

“Hay impunidad”

La mencionada ley prohíbe y sanciona la promoción de programas o métodos de modificación de la orientación sexual de las personas LGTBI, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, al igual que no permite la convocatoria de eventos públicos o actividades dirigidas a incitar a la comisión de otras infracciones tipificadas en la ley. De hecho, aclara Castro, “las terapias de conversión están tipificadas como una infracción administrativa muy grave, sujeta a una multa de hasta 150.000 euros, pero se ha generado una cultura de no sanción y de impunidad en torno a este tipo de eventos”. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de ello, asegura. “Aunque en la región existía una ley desde 2016, nunca se ha aplicado pese a todas las denuncias por terapias de conversión que hemos presentado contra el Obispado de Alcalá de Henares”.

“No nos vale que después el Gobierno se llene la boca diciendo ‘hemos aprobado una de las leyes más progresistas de Europa en temas LGTBI’, si luego no se aplica. Es una aberración que esto se siga promoviendo y nosotros vamos a estar ahí, al pie del cañón, denunciando a todo el que se atreva a plantear que la homosexualidad es algo que merece modificación”, añade el abogado.

Cómo lo justifican

Quienes ponen en marcha estas terapias de conversión, explica Castro, sostienen la tesis de que “la homosexualidad es fruto de un mal desarrollo de la masculinidad”, bien porque cuando eras pequeño “tu madre era sobreprotectora, tu padre estaba ausente o porque te hicieron bullying en el colegio, y alguno de esos traumas han hecho que no seas capaz de proyectar una masculinidad y por eso tienes deseo sexual hacia los hombres”. Por ello, las terapias proponen que “si trabajas esas heridas y mantienes la castidad, eventualmente vas a tener un encuentro con Jesucristo y puede encender en ti la vocación de la familia heterosexual”.

El Ministerio de Igualdad es ahora quien tiene la última palabra y deberá decidir si dicta una resolución inicial acordando la apertura de un expediente sancionador o si archiva la denuncia. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ya advierte de que en caso de que se archive, interpondrán un recurso contencioso-administrativo.

La ministra de Igualdad, Ana
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno. (Alberto Ortega/Europa Press)

La propia Organización Mundial de la Salud ha aconsejado a los Estados que inviertan esfuerzos en “terminar con este tipo de terapias y con otros procedimientos médicos coercitivos impuestos a las personas trans y de género diverso”, ya que generan problemas de salud mental como depresión, estrés postraumático y tendencia al suicidio, tal y como ha destacado un reciente estudio de la revista The Lancet Psychiatry.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.
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