El juez del Tribunal Supremo ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que trate de recuperar el contenido de los mensajes borrados en dos números de teléfono asociados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante las fechas de la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. En un primer análisis, la UCO no encontró ningún mensaje porque habían sido borrados.
En un nuevo auto fechado este martes, el instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado también solicita a dos telefónicas los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas por García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año. El magistrado quiere saber con quién habló el fiscal general en esas fechas, y por ello reclama a las operadoras “los titulares de las líneas que las reciben y emiten (las llamadas) y los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor”.
Cabe recordar que el fiscal general, según descubrió la UCO, cambió de dispositivo móvil una semana después de conocer que la apertura de una causa penal contra él en el Supremo. Los investigadores constataron a través del análisis de los números de identificación de las tarjetas y el móvil intervenidos a García Ortiz que “se habría producido un cambio de terminal telefónico” el pasado 23 de octubre. Ahora, el magistrado pretende recuperar el contenido de los mensajes y las llamadas que la máxima autoridad de la Fiscalía mantuvo con otras personas en las horas clave de la filtración.
El informe de la UCO sobre el análisis del teléfono intervenido a García Ortiz en el registro de su despacho apuntaba a un borrado de sus mensajes, ya que sí se encontraron comunicaciones suyas con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en el volcado de su teléfono móvil.
En otro auto también fechado este 7 de enero, el juez rechaza el recurso de reforma presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del instructor de acotar la investigación a los días comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
Miguel Ángel Rodríguez, ante el juez
La causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de los correos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso ha cogido velocidad de crucero. La investigación en el Tribunal Supremo se retoma este 2025, y lo hace este miércoles, cuando está citado a declarar como testigo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
Fue el propio fiscal general, contra quien se dirige la causa, quien solicitó su citación al juez, a través de la Abogacía del Estado, al considerarle el “primer filtrador” de los emails que cruzaron el abogado de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal del caso que se sigue por presunto fraude fiscal en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
Cabe recordar que la investigación se inició por una posible revelación de secretos en una nota de prensa difundida por la Fiscalía la mañana del pasado 14 de marzo y cuya responsabilidad asumió el fiscal general. Ese comunicado, en el que finalmente se descartó que hubiera delito, buscaba desmentir un “bulo” -en palabras de García Ortiz- difundido por al menos tres medios de comunicación. García Ortiz cree que detrás de esa maniobra está Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete y mano derecha de Ayuso.
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