El 41% de las subvenciones que el Parlamento madrileño da a los diputados para comprar folios o contratar asesores se deriva a financiar sus partidos

El 41% de las subvenciones públicas que la Asamblea de Madrid destina a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento para sufragar sus gastos diarios es destinado realmente para financiar los partidos políticos a los que pertenecen. Es una de las conclusiones del último informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, publicado el pasado 30 de diciembre y relativo al año 2023. Así, de los 4,5 millones de euros que recibieron los cinco grupos que había en la Asamblea en 2023 (en mayo se celebraron elecciones que redujeron el arco parlamentario de cinco a cuatro grupos), 1,88 millones se derivaron a las cuentas de los partidos.

Este porcentaje creció en 2023 en 12 puntos, ya que en 2022 solo se destinó el 28,8% de las subvenciones recibidas a los presupuestos de los partidos políticos. La formación que más dinero desvió fue Unidas Podemos-IU, que tras los comicios de mayo de 2023 dejó de tener diputados en la Asamblea tras un desastroso resultado. De los 295.000 euros que recibió en los primeros meses de 2023 para financiar su actividad diaria, como la contratación de material de oficina o de asesores, destinó realmente 256.000 euros (el 86,8%) al partido. Le siguen Más Madrid, con el 69,3%, seguido del PP (56,5%). Los que menos destinaron a su partido fueron el PSOE (con un 3,2%) y Vox, que no desvió ni un euro (ver tabla).

La Cámara de Cuentas señala en el presente informe, el primero que publica bajo las órdenes de Joaquín Leguina, que se ha limitado a comprobar la legalidad y regularidad de las cuentas presentadas por los grupos, pero que no se ha realizado una fiscalización de su actividad económico-financiera. Un control que “convendría regularse, dado que tales subvenciones derivan de créditos asignados al presupuesto de la Intervención de la Asamblea, y la regulación existente, como normativa específica, resulta insuficiente”. Por tanto, “las diferencias en las aportaciones que cada grupo hace a su formación política de unos años a otros no parecen responder a una circunstancia concreta o a un motivo que pueda extraerse de la documentación aportada”.

La Asamblea asigna a los grupos parlamentarios, con cargo a sus presupuestos, dos tipos de subvenciones: una fija e idéntica para todos, y una variable en función del número de Diputados que tenga el correspondiente Grupo. En noviembre de 2022, la Mesa de la Asamblea (su órgano de gobierno) fijó el importe de las subvenciones a otorgar a los grupos parlamentarios en el ejercicio 2023. La fija era de 489.832,99 euros al año y la variable de 17.809,70 euros por diputado. Cantidades que fueron modificadas en 2024 (ese año aún no ha sido auditado por la Cámara de Cuentas). La fija pasó a ser de 538.816,30 euros al año y la variable de 19.986,74 euros por diputado.

¿Para qué está destinada esa subvención? En teoría, para los gastos diarios de los grupos que tienen que realizar su trabajo parlamentario. Como la contratación de asesores y la compra de material de oficina. ¿Pueden destinar este dinero a otros fines, como la financiación de los partidos políticos de los que forman parte? Aunque la ‘Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos’ determina como recursos económicos de estos, entre otros, las aportaciones que puedan recibir de los grupos parlamentarios, ya en el año 2001 el Tribunal de Cuentas no lo recomendaba.

“En la fiscalización de la contabilidad anual de los partidos políticos se observa el traspaso a la actividad ordinaria, como entrega de los grupos parlamentarios, de parte de las subvenciones recibidas por su representación y actividad parlamentaria. Con independencia del apoyo normativo y de la justificación que pudieran amparar estos traspasos, se considera conveniente que cada subvención específica atienda la finalidad para la que fue creada y que su cuantificación presupuestaria sea consecuencia de la correcta evaluación de los costes originados por la actividad subvencionable”, señaló entonces el Tribunal de Cuentas.

“Por tanto, la transferencia al partido político debería responder, en su caso, al pago de servicios realizados por este para el grupo parlamentario, en cuyo supuesto se considerará un coste de la actividad que se subvenciona. De no ser así, sería conveniente, en línea con lo expuesto por el Tribunal de Cuentas, revisar los procedimientos actuales y la normativa que los ampara”, señala ahora la Cámara madrileña en su último informe.