Qué incluye la ‘to do list’ de Yolanda Díaz para este 2025: de la reducción de jornada laboral al Estatuto del becario

A la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, se le viene un 2025 movidito. El panorama laboral en el país experimentará grandes cambios. Aunque todavía no se sabe cuántos, ya que Díaz tiene numerosos frentes abiertos.

Uno de ellos -y podría decirse que el principal para su partido, Sumar- es el que concierne a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Aunque la medida ya ha sido pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos -pero sin la patronal-, su tramitación parlamentaria podría ser complicada. Y es que la reforma necesitaría una mayoría para que saliese adelante en el Congreso.

Sin embargo, parece que la vicepresidenta no contempla otro escenario que su aprobación, ya que la semana pasada, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, instó al PSOE a hacer realidad la medida este año, ya que se trata de un acuerdo “claro” del Gobierno de coalición, y es que era una de las propuestas clave de su programa electoral y un requisito fundamental para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

No hay que olvidar que en esta misma norma impone la introducción de una reforma para implementar un sistema de registro digital diario de horas para todos los tipos de trabajo, incluidas las trabajadoras del hogar. Este sistema, que deberá ser “objetivo, fiable, accesible e interoperable”, permitirá a los trabajadores acceder automáticamente a sus registros, mientras que los representantes de los trabajadores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) podrán hacerlo de manera remota.

El Gobierno impondrá sanciones de hasta 10.000 euros por empleado a las empresas que no cumplan con la normativa sobre el registro horario y la nueva jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales. Las multas se aplicarán individualmente por cada trabajador afectado, en lugar de ser una penalización única para toda la empresa, como ocurría anteriormente.

A finales del pasado año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó al Gobierno español revisar las indemnizaciones por despido improcedente para que fuesen disuasorias para los empleadores y reparen efectivamente el daño al trabajador.

Esta recomendación surge tras una decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que respondió a una reclamación colectiva de UGT contra España por la insuficiencia de las indemnizaciones por despido injustificado, al considerar que tiene que tener en cuenta “el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso” y que la normativa española actual “viola” el artículo 24 de la Carta Social Europea.

Por ello, el Ministerio de Trabajo tiene como objetivo para 2025 modificar la regulación del Estatuto de los Trabajadores para que las indemnizaciones consideren más las circunstancias personales y laborales del trabajador despedido. Esta reforma busca que las indemnizaciones no sean siempre una cantidad fija, sino que se ajusten a cada caso particular. Aunque, de momento, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ya ha dictaminado que dicha cantidad “no puede verse incrementada en vía judicial”, por lo que desde la administración tendrán que buscar una alternativa.

El pasado mes de noviembre, Díaz afirmó que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025 subiría como mínimo lo que subiese el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el pasado año, con el objetivo de que no se perdiese poder adquisitivo. Una subida que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este jueves.

Y para ello, la ministra señaló que un grupo de expertos, compuesto por académicos, profesores y catedráticos, iniciaría próximamente los trabajos necesarios para determinar el ajuste que debería aplicarse al salario mínimo este año.

El SMI actual es de 1.134 euros distribuidos en catorce pagas, tras un incremento del 5% acordado el año pasado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero sin el respaldo de las patronales CEOE y Cepyme.

Se trata de un texto que se comenzó a debatir en 2022, pero que no se acordó hasta mediados de 2023 con los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT -de nuevo, sin la patronal-. Sin embargo, todavía no está aprobado, aunque parece que al ministerio no se le ha olvidado, ya que a mediados de diciembre, el Gobierno puso a consulta pública el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa, con un plazo para presentar alegaciones abierto hasta este viernes 3 de enero.

La iniciativa busca establecer una regulación para las prácticas formativas realizadas por estudiantes, con el propósito de evitar que las empresas las utilicen como una forma encubierta de empleo. De esta manera, se pretende prevenir el abuso de contratos consecutivos de prácticas y posibles fraudes a la Seguridad Social.