Arriesgar la vida para migrar: 2024 cierra con récord de llegadas mientras el reparto de menores migrantes sigue sin resolverse

Los últimos días de diciembre en las costas canarias han sido especialmente intensos tras la llegada de casi 2.000 personas migrantes a bordo de embarcaciones precarias, muchas de ellas rescatadas por Salvamento Marítimo. Algunos migrantes se encontraban en muy mal estado de salud e incluso uno de ellos falleció el pasado viernes 27 en el helicóptero que lo transportaba al aeropuerto de la isla de El Hierro. Y es que la llamada ruta canaria no solo ha vuelto a alcanzar este 2024 un nuevo récord de llegadas, sino que también es la más mortífera del planeta al haber registrado un total de 10.457 muertes de migrantes, lo que supone una media de casi 30 al día y un incremento del 58% respecto al año anterior, según un reciente balance del colectivo Caminando Fronteras.

La mayoría de quienes deciden arriesgar su vida subiéndose a un cayuco huyen de conflictos, del hambre, de violaciones de derechos humanos e incluso abandonan sus países a consecuencia del cambio climático, todo con el objetivo de buscar un mejor futuro en Europa. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el pasado 1 de enero y hasta el 15 de diciembre llegaron a España un total de 60.216, un 14% más de los que arribaron en 2023 en ese mismo periodo, cuando entraron 52.591 personas. La gran mayoría, 43.737, arribaron a islas Canarias en un total de 643 embarcaciones.

Este año, además, la ruta canaria cumplió tres décadas de existencia, pues fue el 28 de agosto de 1994 cuando dos jóvenes saharauis llegaron a Fuerteventura en una barca de pesca guiándose por la luz del faro de La Entallada, el punto de Canarias más cercano al continente africano, del que dista solo 100 kilómetros, inaugurando así, sin saberlo, esta ruta migratoria.

En estas tres décadas más de la mitad de las llegadas se han producido desde las costas mauritanas, aunque también son muchas las personas procedentes del sur de Marruecos, del norte del Sahara Occidental, Senegal y Gambia las que deciden poner rumbo a España, por lo que pueden recorrer en cayuco hasta 1.500 kilómetros. Este año, sin embargo, según datos de la agencia internacional Frontex, han llegado más personas de origen subsahariano, aunque también de Senegal, Guinea Conakry, Mauritania y Gambia.

“Cada vez es más manifiesta la presencia de personas procedentes de países asiáticos o del este de África. Hablamos de personas procedentes de Pakistán, Bangladesh, Siria, Yemen o Somalia, lo cual también influye en la intensificación de la ruta canaria en los últimos años y sobre todo en este 2024, en comparación con otras rutas como la de los Balcanes o la del Mediterráneo Central. Esto significa que las rutas no dejan de ser vasos comunicantes en los que cuando se blindan fronteras por un sitio normalmente se intensifican otro tipo de rutas y esa intensificación de las rutas está protagonizada este año por la canaria”, explica a Infobae Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias.

También se ha incrementado en cerca de un 10% la presencia de mujeres migrantes y de los menores no acompañados, señala el experto, por lo que las organizaciones humanitarias que trabajan por los derechos de estas personas reclaman más medios para poder dar respuesta a ese incremento de llegadas. A pesar de que el programa Atención Humanitaria de Emergencia gestiona alrededor de 7.000 plazas, “el sistema se encuentra altamente tensionado, y no solo en Canarias, sino en toda la Península”. “El sistema de acogida de personas migrantes y refugiadas gestiona más de 51.000 plazas que están dirigidas a solicitantes de protección internacional y también personas migrantes en situación irregular, que son las plazas del sistema del Programa de Atención Humanitaria. A pesar de ello y de los traslados regulares a plazas en la península, la ocupación en los centros es extremadamente alta”, añade Lorenzo.

En el caso de Canarias, además, existe “una inequidad territorial entre las islas capitalinas y las periféricas”, pues tanto en El Hierro como en Lanzarote la capacidad de acogida y la red para la recepción de las personas a su llegada al muelle “es muy frágil” al contar con menos medios que otras islas. En ese sentido, el representante de CEAR advierte de que la situación de emergencia de las personas migrantes en el archipiélago se puede cronificar en el tiempo con el peligro añadido de que “se extienda a todos los aspectos de la realidad migratoria, tanto en la recepción como la acogida y la inclusión”.

Lorenzo también considera que las medidas políticas no pueden basarse exclusivamente en la emergencia porque “eso hace que las soluciones que se ponen encima de la mesa sean de mirada corta y, por tanto, haya una visión reduccionista de la gestión migratoria”. Asimismo, cree que hay que evitar “caer en el riesgo de la autocomplacencia” y entender que la política migratoria “debería más estructural, más sólida y poliédrica”.

Pero si hay una realidad especialmente sensible para Canarias, recuerda el experto, es la situación de los menores extranjeros no acompañados, ya que el archipiélago tiene bajo su tutela a algo más de 5.800 niños, niñas y adolescentes y los 80 centros de acogida que hay distribuidos por todas las islas están saturados. De hecho, el reparto de menores migrantes ha sido, especialmente este año, materia de enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular, que a día de hoy siguen sin alcanzar un acuerdo respecto a la reforma de la ley de extranjería. La última reunión entre el Ejecutivo, PP y los presidentes de Canarias y Ceuta, que se celebró a principios de diciembre, terminó sin una posición común sobre el reparto obligatorio de los menores migrantes.

El Ejecutivo quiere modificar el artículo 35 de dicha ley con el fin de establecer la obligatoriedad del principio de solidaridad en la distribución de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, mientras que el PP pide, antes de aceptar ese punto, una reforma integral de la política migratoria.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este lunes al Gobierno y al PP de ser “cómplices” de una crisis migratoria sin precedentes y ha reiterado “la incapacidad” de las islas para atender y dar una atención adecuada a los casi 6.000 menores extranjeros no acompañados, pues aunque “duermen bajo techo” en los centros de acogida, no se les puede ofrecer ayuda psicológica ni enseñanza idiomática. En una entrevista con la Cadena Ser, Clavijo ha insistido en que el Gobierno “ha dejado sola a Canarias” y no interviene pese a que está facultado por la Constitución, mientras que al PP le ha reprochado que “se parapete en excusas para no dar el paso y llegar a un acuerdo que dé altura a un drama humanitario”.

Clavijo, que ha tildado de “irresponsables” a ambos, se ha preguntado por qué el Gobierno no ha activado aún el decreto ley que reubicaría a los menores en otras comunidades y aliviaría la presión en las islas.

En ese sentido, Juan Carlos Lorenzo considera que los políticos deberían desarrollar una política de Estado con respecto a la situación de la infancia y sus derechos, para crear, en definitiva, “una alternativa de política pública sólida y duradera que sea un modelo vinculante de distribución territorial que garantice el interés superior del menor y el tratamiento igualitario de los derechos de la infancia”.

Desde CEAR también siguen reclamando, al igual que el resto de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes, vías legales y seguras para evitar nuevas muertes en el mar, al tiempo que piden “no caer en la indiferencia”.

Este 2024 también ha sido el año en el que el Parlamento Europeo aprobó el Pacto de Migración y Asilo Europeo (PEMA), un marco regulatorio acordado en diciembre de 2023 para reformar la política común, con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y que ha sido duramente criticado por las organizaciones humanitarias al considerar que “perpetúa el sufrimiento” de los migrantes.

Por otro lado, desde el pasado 19 de noviembre España cuenta con un nuevo reglamento de extranjería cuyo objetivo es “reducir plazos y trámites”, unas normas que afectan tanto a ciudadanos que viven en España y no han podido regularizar su situación como a quienes tengan papeles pero deben renovar sus permisos, así como a aquellas personas que decidan migrar a España. Con este reglamento que modifica requisitos y tipos de permisos de estancia, residencia y visados, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que se podrían regularizar unas 900.000 personas en los próximos 3 años.