El 2024 termina con 47 mujeres y 9 menores asesinados por la violencia de género: “El mayor reto sigue siendo educar en igualdad”

La violencia machista tampoco ha dado tregua este 2024 en España. El año termina con 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 6 menos que en 2023, una cifra a la que se suma otra igualmente trágica, la de 9 menores víctimas de violencia vicaria, aquella con la que el maltratador pretende hacer el mayor daño posible a la madre a través del sufrimiento o el asesinato de sus hijas e hijos. El último crimen machista ocurrió en Madrid el lunes 30 de diciembre, cuando un hombre con orden de alejamiento asesinó a su expareja en un domicilio del distrito madrileño de Usera. Según datos del Ministerio de Igualdad, la víctima, Diana Marisol, una joven paraguaya de 29 años, tenía una hija menor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor.

Además, en la noche del domingo 29 la policía detuvo a un hombre en Madrid después de herir de gravedad a puñaladas a su expareja y al novio de esta en una vivienda también en Madrid. El agresor provocó a la mujer, de 56 años, heridas en el cuello y tórax, mientras que el hombre, en estado grave, presentaba varias heridas por arma blanca en todo el cuerpo.

Con el último asesinato de Diana Marisol, el total de feminicidios en España se eleva hasta los 1.192 desde 2003. En el caso de los menores asesinados a manos de sus propios padres o parejas de las madres, la cifra se eleva hasta los 62 desde 2013, año en el que se empezaron a recopilar estos datos. Los 9 menores asesinados este año suponen el peor dato registrado hasta el momento en cuanto a violencia vicaria.

La información de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también revela que casi el 74% de las mujeres asesinadas (34) no había presentado denuncia contra su agresor y tan solo cinco contaban con órdenes de protección vigentes.

El ministerio también indica que la mitad de las mujeres asesinadas este año, 24, eran españolas, y otras 23 procedían de otros países. En el caso de los agresores, casi el 60%, 29 de ellos, eran españoles y el resto eran extranjeros. En cuanto al tipo de relación, en casi un 61% de los casos eran pareja y en el 39% restante se trataba de exparejas o estaban en fase de ruptura.

De los 47 feminicidios registrados en lo que va de año, Cataluña, con 12, es la región donde han ocurrido más casos, seguida de Andalucía (10) y la Comunidad Valenciana (7). En Galicia se produjeron 5 crímenes machistas y en la Comunidad de Madrid 4, mientras que Castilla y León, Castilla-La Mancha y el País Vasco registraron la misma cifra: 2. Por último, en Aragón, Región de Murcia e Islas Baleares se produjo un feminicidio en cada una de ellas.

Lejos de disminuir, este tipo de violencia estructural contra mujeres y menores de edad “irá en aumento” si no se destinan más recursos para combatirla, advierte Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid). Por ello, de cara a 2025, la magistrada considera que uno de los principales retos es aumentar el número de juzgados especializados en violencia de género, ya que “las denuncias se han incrementado en los últimos años, pero no así las plantillas”.

“Ya no podemos estar los mismos juzgados que hace 20 años, se necesitan más juzgados con competencias exclusivas de violencia de género y más equipos técnicos, como el psicosocial o el número de forenses. Aquí estamos hablando de una violencia que afecta a mujeres, a niños y niñas, que viven situaciones de especial urgencia y gravedad, y están en la cola porque hay una sobrecarga en los juzgados de violencia de género —y en general—”, señala la magistrada, en conversación con Infobae España. Esa lenta respuesta judicial, añade, sólo supone un obstáculo más para las víctimas que denuncian la violencia machista.

García también tilda de “insuficientes” las ayudas económicas que reciben las mujeres víctimas de violencia sexual y de género, ya que, aunque desde noviembre pueden cobrar un nuevo subsidio que aumentó de 480 euros mensuales a 570, sigue siendo una cantidad escasa “para quien no tenga ningún recurso y deba empezar de cero”.

La magistrada destaca además la importancia de crear más centros para atender a las víctimas de violencia de género en todo el país. En ese sentido, el Ministerio de Igualdad ha tenido que negociar recientemente con la Unión Europea una nueva prórroga de seis meses para que las comunidades autónomas abran los centros para víctimas de violencia sexual para facilitarles atención psicológica, jurídica y social, tal y como exige la llamada ley del ‘solo sí es sí’. El plazo para poner en marcha estos recursos financiados con los fondos Next Generation de la UE terminaba este 31 de diciembre, pero finalmente las autonomías tendrán hasta junio de 2025 para que en cada provincia haya al menos un centro de crisis 24 horas. Actualmente, según datos de Igualdad, existen 37 centros abiertos en 14 comunidades autónomas.

No obstante, pese a la falta de recursos humanos y materiales contra la violencia machista, García valora positivamente los avances logrados en materia de igualdad en los últimos años. La magistrada destaca la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, norma que este pasado 28 de diciembre ha cumplido 20 años y que supuso un cambio social en el país, pues por primera vez se reconocía de forma explícita este tipo de violencia y se establecían medidas para prevenirla, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. “La norma visibilizó que la violencia contra las mujeres no era un asunto privado, sino social y político. Fue muy importante dar ese paso con una ley integral”, indica, aunque insiste en que debe haber una mayor inversión económica en desarrollar medidas de prevención y protección a las mujeres.

Asimismo, la experta destaca otras dos normas en la lucha contra la violencia machista: la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual —la llamada ley del “solo sí es sí”—, que entró en vigor en 2022 creando un amplio paraguas de protección para las víctimas de violencia sexual, y la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que fue aprobada en 2021 y recoge un amplio abanico de medidas de sensibilización, prevención y detección precoz en ámbitos como el familiar, educativo y digital. De hecho, este tipo de avances le han servido a España para ocupar por segunda vez la cuarta posición en el Índice de Igualdad de Género 2024, elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), situándose solo por detrás de Suecia, Dinamarca y Países Bajos. Con una puntuación de 76,7 puntos, España se posiciona ocho puestos por encima de la puntuación media del conjunto de países de la Unión Europea (71 puntos).

Sin embargo, recuerda García, si hay un reto importante que aún falta por abordar en el país es la educación en igualdad desde edades tempranas. “Esa es la asignatura pendiente, porque al final la educación es prevención”, resume. “Si el derecho penal o los juzgados ya actuamos cuando se ha cometido un delito, está claro que la prevención y la educación como herramienta fundamental han fallado”, añade.

En ese sentido, la magistrada asegura que “las leyes no van a disuadir a determinados agresores”, de ahí la importancia de que la educación en igualdad se instaure “como una asignatura curricular obligatoria, diseñada y con implicación por parte del sistema educativo”. Esa educación, concluye, no solo debe estar presente en las aulas, sino también “en los medios de comunicación, en la calle, junto a una sensibilización”.

* El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.