2025: fecha límite para la prescripción de los delitos por las muertes en las residencias durante la pandemia

‘7.291′. Esa es la cifra de personas que fallecieron durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 en residencias para mayores de Madrid. 7.291 personas que no recibieron ningún tipo de asistencia médica y murieron solos y sin sedación. Unos hechos que según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fueron “inevitables”, opinión que no comparten los familiares de los fallecidos.

Las organizaciones Marea de Residencias, 7921 Verdad y Justicia para las Víctimas en Residencias llevan denunciando estos casi cinco años el denominado ‘Protocolo de la Vergüenza’, una decisión del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid que, durante esta primera ola, prohibió trasladar a los ancianos más dependientes a los hospitales, optando por medicalizar las residencias, algo que, según las asociaciones, no se llevó a cabo.

Por esta razón, estas asociaciones presentaron el pasado mes de octubre una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid en la que relatan la desasistencia que sufrieron 115 de estos mayores, de los cuales 111 murieron. El escrito afecta a 72 residencias de esta comunidad, donde hubo la mortalidad más alta de todo el territorio nacional y no hubo un refuerzo sanitario adecuado en las residencias, según una información de elDiario.es.

En la demanda se insta al Ministerio Público a estudiar “la discriminación sufrida por las personas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia”. Se trata de una acusación penal, ya que para su presentación se apela al artículo 511 del Código Penal y los denunciantes entienden que se vulneró, ya que se produjo “un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios”.

Aunque esta medida ha dado una nueva esperanza a los afectados, solo comprende a una parte de todos los que tuvieron que sufrir por culpa de estos protocolos. Y el problema está en que, como cualquier delito, tiene fecha de prescripción y en este caso está cada vez más cerca.

El artículo 511 del CP, al que aluden los denunciantes, relata el delito de que un “particular encargado de un servicio público deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad”, y explica que se incurrirá en la pena de prisión de “seis meses a dos años”.

Para entender cuando prescribe este delito en concreto hay que fijarse en el artículo 131.1 del mismo Código Penal en el que se describe que “los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años; A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años; A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez; A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año”.

Esto significa que en el caso de las muertes por residencias la prescripción será efectiva a los cinco años y teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron a principios de 2020 esta fecha será en los meses de marzo y abril de 2025. A partir de ese momento todos los casos que no estén judicializados no podrán presentarse ante ningún tribunal por estar prescritos.

Por esta razón, desde las tres organizaciones han reiterado a la Fiscalía “la necesidad de una ágil actuación para evitar la prescripción de los hechos, que supusieron la denegación discriminatoria del acceso a la sanidad de los residentes y propiciaron el exceso de mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid”, en el caso de la denuncia ya presentada, según informó Europa Press.

Esta demanda está dirigida contra 29 personas, entre las que figuran “altos cargos del Gobierno”: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; que fueron “el firmante y el autor” de los protocolos que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales; contra Pablo Busca, director del SUMA 112 en aquel momento; contra Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia; y contra los geriatras responsables de aplicar el protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños.