Las 21 leyes pendientes en el Congreso: la asignación mensual de 100 euros por hijo o la eliminación del despido por incapacidad permanente

El Gobierno termina el primer año de la actual legislatura con deberes pendientes. Los de Pedro Sánchez han conseguido aprobar 25 leyes, publicadas ya en el BOE, pero a estas se suman otras 31 iniciativas legislativas del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista en tramitación. De estas, 21 son proyectos de ley que salieron del Consejo de Ministros con rumbo al Congreso a lo largo de 2024. Muchos de ellos están pendientes de recibir un impulso.

Una de las más esperadas, bloqueada por falta de acuerdo, es la ley de familias. La norma del Ministerio de Derechos Sociales, pendiente desde la pasada legislatura, contempla una asignación por crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos e hijas de cero a tres años, así como una mayor protección social a las familias monoparentales numerosas y más derechos para las parejas de hecho, que se equipararán a los de los matrimonios.

Otra asignatura pendiente de este Ministerio es la norma por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que reducirá los tiempos de espera a un máximo de 15 días en reclamaciones y tres minutos en consultas telefónicas. También prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos a la hora de comunicarse con los clientes.

A propuesta de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Congreso tramita la reforma para eliminar el despido automático por incapacidad permanente de la persona trabajadora. Asimismo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz, que tiene en su haber la reducción de la jornada laboral (la norma todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros), lanzó la ley de Impulso de la Economía Social, que actualiza el régimen de las cooperativas y el papel de las empresas que facilitan la inserción laboral de colectivos vulnerables.

El Gobierno también llevó en febrero a la Cámara Baja la transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles. En esencia, la medida introduce el reconocimiento en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores el derecho a que las condiciones de trabajo sean previsibles, lo que implica que la persona trabajadora debe conocer de antemano su pauta de trabajo y, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones pueden cambiar. Se exigirá que la empresa haga constar por escrito los contratos de trabajo, independientemente de su duración y, en caso de no cumplir con la información obligatoria, se presumirá que el contrato será indefinido a tiempo completo.

Por parte del Ministerio de Mónica García, destacan las leyes para crear la Agencia Estatal de Salud Pública; la norma sobre la universalidad del Sistema Nacional de Salud, que recupera la cartera común de servicios única y establece las garantías necesarias para que no se puedan incluir nuevos copagos; y la ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

En la carpeta de Justicia, quedan pendientes de aprobación en el Congreso otras tres normas. Una es la ley de seguros de automóviles, que mejora la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes causados por vehículos a motor. También amplía la definición de vehículos a motor, lo que conlleva la extensión del seguro obligatorio a vehículos agrícolas o industriales, que hasta ahora estaban exentos. La segunda norma es la que establece la información empresarial sobre sostenibilidad, que será aplicable a todas las grandes empresas y grupos, y también a medianas y pequeñas empresas cotizadas (excepto microempresas).

Otra ley impulsada por el departamento de Félix Bolaños introduce cambios en el procedimiento en la determinación de la edad. De esta manera, esta prerrogativa pasa de ser un proceso administrativo a ser proceso judicial de orden civil, puesto que afecta al estado civil de las personas. “El nuevo proceso se rige por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad, el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento, la prohibición de pruebas invasivas y desnudos integrales, y la especialización de los profesionales intervinientes. Asimismo, garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de intérprete, y de quien ejerza la representación legal de la persona menor de edad”, agrega el Ejecutivo.

Por parte del Ministerio de Transportes está a la espera desde 2022 la ley de Movilidad Sostenible, una norma pactada con la Unión Europea y que tenía que estar aprobada antes de 2024 para el desembolso de nuevos fondos europeos. Asimismo, la comisión del ramo en el Congreso tiene pendiente impulsar las nuevas medidas sobre la navegación aérea, así como el cambio legal para “modernizar el sector marítimo y mejorar su seguridad jurídica y competitividad”.

La nueva ley de la Función Pública, la norma que restablece la Comisión Nacional de la Energía, la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y la ley del cine son otras de las normas que no han recibido todavía el visto bueno del Congreso. Por otro lado, quedan pendientes para 2025 el texto por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica.