Canarias presenta un recurso contra el Gobierno ante la llegada masiva de personas migrantes: superan las 45.000 en un año

2024 pasará a la historia como el año con más migrantes llegados a las islas Canarias. La entrada, durante el día de Navidad y este jueves 26 de diciembre, de más de 500 personas, ha llevado a superar las 45.000 en los últimos 12 meses. Y Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de las islas, ha recordado en una rueda de prensa que “quedan todavía unos días” para que el recuento se dé por cerrado.

“Seguimos sin dar una respuesta por parte del conjunto del Estado a esta situación”, ha lamentado Cabello, que se ha referido a las llegadas masivas y el alto número de menores como una situación “totalmente insostenible”. “Desde Canarias seguimos dando todos los pasos que entendemos necesarios y poniendo todas las alternativas que hay encima de la mesa”, ha señalado.

En el año 2006, el Ministerio del Interior comenzó a contabilizar las personas migrantes que llegaban a España. Desde entonces, Canarias nunca había recibido una cantidad tan alta de gente que buscara entrar en nuestro país de manera irregular. En el último informe, de hecho, se señala cómo, hasta el 15 de diciembre de 2024, las llegadas ya superan en un 18,6% las de 2023, el que hasta ahora había sido el año con cifras más elevadas.

Sin embargo, estos no son los únicos datos que preocupan en las islas. Según un balance realizado por la ONG Caminando Fronteras, en la ruta atlántica han muerto 9.757 personas, casi cuatro veces más, por ejemplo, que los fallecidos totales del 2022, y más de 3.000 más que en 2023 en todo el territorio nacional.

La organización ha destacado que, entre las causas del aumento de naufragios, se incluía también la omisión del deber de socorro. “La falta de activación oportuna de los protocolos de rescate y la escasez de recursos en las operaciones de salvamento han incrementado las muertes”. Además, lamenta que en las políticas migratorias el objetivo sea limitar las llegadas y no salvar vidas, aun con el aumento comprobado de niños, niñas y adolescentes en las embarcaciones.

Respecto al reparto de menores y la solidaridad entre las comunidades autónomas, la llegada de más de 6.100 niños, niñas y adolescentes a las islas ha superado la capacidad de la región para hacerse cargo de los mismos. Cabello ha subrayado en la rueda de prensa cómo la confrontación política a nivel nacional ha impedido hasta ahora la llegada de soluciones eficaces. “Ya se intentó la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y no salió adelante por unos pocos votos”, ha recordado.

A raíz de esto, Canarias sigue negociando con Junts para que el partido finalmente decida apoyar el decreto que, al menos, pueda aliviar la situación de manera temporal. Fueron los votos de esta formación los que decantaron el “no” a la propuesta del Gobierno de España, que pretendía establecer un principio de solidaridad entre las autonomías para que estas asumieran una parte de los menores cuando el número de llegadas superara unos máximos de sobreocupación.

El portavoz también ha informado de que el Gobierno de Canarias ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España. Esta decisión viene motivada por la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo al requerimiento realizado por la comunidad autónoma para que se dotara de herramientas y competencias suficientes a las islas de cara a resolver la situación con los menores.

Lo que se espera con el recurso es que las competencias de extranjería e inmigración recaigan sobre el Gobierno nacional. “Se está haciendo una mala interpretación de la normativa que hace que Canarias asuma todo el peso en materia migratoria”, ha inquirido Cabello que, con todo, ha querido hacer hincapié en la necesidad de “un gran consenso” como la única forma posible de solucionar el “drama” que se está viviendo.

Sin embargo, no parece que ese consenso vaya a alcanzarse pronto. A principios de diciembre, las negociaciones entre el PSOE y el PP volvieron a fracasar tras un nuevo intento del Ejecutivo para lograr apoyos y lograr una redistribución de menores migrantes. El Partido Popular, que critica una falta de política migratoria por parte del Gobierno, se niega a que las competencias de inmigración pasen a ser una responsabilidad estatal, excepto en el caso del presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, que se ha mostrado a favor de esta medida tras un aumento de casi el 130% de las llegadas respecto al año pasado.